Los brutalmente asesinados cuerpos de Stephanie y Susej, dos jóvenes venezolanas, destaparon una red oscura que conecta la trata de personas con el crimen organizado en México. En julio de 2024, su asesinato en el sur de Ciudad de México reveló la huella del Tren de Aragua, un grupo delictivo venezolano. Este doble feminicidio, aunque buscó ocultar pruebas mediante la calcinación de los cuerpos, fue un grito de alerta que marcó el inicio de una serie de investigaciones. Desde entonces, han surgido arrestos y se ha puesto de manifiesto cómo bandas locales, como la Unión Tepito, se benefician de la explotación sexual que el Tren de Aragua ha llevado a cabo en las calles de la capital.
Recientemente, la Secretaría de Seguridad federal informó sobre la detención de seis presuntos integrantes de esta organización criminal. Seis mexicanos, de los cuales cinco enfréntan cargos por extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, mientras que el sexto, Bryan Betancourt, es señalado como un actor clave dentro de la estructura. A medida que las piezas encajan, la atención se centra en Lesli Valeri Flores Arrieta, una mujer de 40 años vinculada como la negociadora entre el Tren de Aragua y la Unión Tepito. Ella es acusada de cobrar cuotas por la explotación de mujeres y de estar involucrada en la venta de drogas.
La forma de operar del Tren de Aragua ha sido ampliamente documentada en su travesía por América Latina. Esta banda criminal se ha aprovechado del éxodo masivo de venezolanos, configurando una estrategia de captación de víctimas que las lleva a México bajo la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, muchas de estas mujeres terminan atrapadas en redes de trata sexual. Lo que es más perturbador es que, según las autoridades, este sistema de explotación impone deudas que oscilan entre los 12,000 y 14,000 dólares, además de costos semanales de alrededor de 12,500 pesos mexicanos. Estos desembolsos son exigidos a las víctimas en concepto de “uso de plaza”, manteniéndolas atrapadas en un ciclo sin fin de abuso.
Las víctimas, que ingresan a México generalmente a través de Tapachula, Chiapas, enfrentan un entorno hostil donde los carteles controlan rigurosamente las entradas y salidas. Tras el ingreso, son trasladadas a la Ciudad de México, donde son obligadas a saldar sus deudas, muchas de las cuales solo consiguen después de someterse a múltiples abusos. Desgraciadamente, como en el trágico caso de Stephanie y Susej, algunas pierden la vida en su intento por escapar.
La situación es un recordatorio escalofriante de la interconexión entre la migración, el crimen organizado y la explotación de mujeres en un mundo donde la lucha por la dignidad y la seguridad se vuelve cada vez más compleja.
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