Lo que alguna vez fue considerado una maldición por ciertos grupos autodenominados de izquierda, ahora, desde el poder, se ha convertido en la defensa más ferviente de la estabilidad cambiaria del peso. Este fenómeno resalta una disonancia entre la ideología proclamada y las necesidades pragmáticas del gobierno actual, que ahora aboga por el libre comercio y el sistema de pensiones individualizado.
Históricamente, estas posturas han sido objeto de críticas hacia los neoliberales y los tecnócratas de derecha, a quienes sus adversarios habían calificado como insensibles y alejados de las realidades del pueblo. Sin embargo, bajo la administración actual, ha quedado claro que estas políticas son útiles y efectivas en la práctica.
La preocupación por la paridad del peso frente al dólar es un tema sensible, un trauma nacional arraigado en las devaluaciones del pasado. Hoy, la estabilidad macroeconómica se cuida con celos para evitar repetir errores históricos. El peso actual es el resultado de una política que prioriza la diversificación de exportaciones y permite que el mercado regule su paridad cambiaria, lo que contrasta abiertamente con los enfoques más populistas del pasado.
No obstante, el gobierno a menudo presenta la estabilidad del tipo de cambio como un logro propio. Esta narrativa es una estrategia para desviar la atención de una economía en desaceleración, cuya realidad se evidencia en la pérdida de empleo: recientemente se registraron casi 46,000 plazas laborales menos en el IMSS durante mayo, la cifra más baja en este mes desde que se llevan registros, exceptuando el impacto de la pandemia de Covid-19. Esto da pie a cuestionar la denominación de “súper peso”.
En cuanto a las remesas, se incorporan en la narrativa del régimen como un triunfo de su gestión. Sin embargo, es crucial entender que su incremento refleja una incapacidad histórica del país para mantener a sus ciudadanos.
El gobierno actual, irónicamente, se ha convertido en un firme defensor del libre comercio y de las cuentas de pensiones administradas por las Afores, no por convicción ideológica, sino por una respuesta lógica a la realidad del poder.
Aquellos que anteriormente denunciaban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como una profundización del modelo neoliberal ahora buscan mantener relaciones comerciales con Estados Unidos, reconociendo tácitamente que esa ha sido la decisión más acertada para fortalecer la economía mexicana.
En el contexto de las promesas de campaña, se planteaba la intención de eliminar el modelo de pensiones individualizado, particularmente entre los trabajadores del Estado y los maestros. Sin embargo, el estado real de las finanzas públicas ha llevado a la presidenta Sheinbaum a reconocer la inviabilidad de tales promesas.
Por lo tanto, presentar la estabilidad cambiaria como un logro del gobierno no es más que una táctica discursiva. En cambio, la defensa del libre comercio y la solidez del sistema de pensiones son cuestiones esenciales que derivan del reconocimiento de que un cambio en este modelo podría acarrear crisis profundas e inmediatas.
Contrario a otras decisiones, como el potencial desmantelamiento de reformas educativas o energéticas, o la manipulación del Poder Judicial, el impacto de un cambio radical en el modelo económico podría ser devastador de inmediato, obligando a futuras administraciones a lidiar con las consecuencias de tales políticas.
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