La verdad parcial también engaña.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha dado un paso significativo al aprobar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Esta decisión, tomada el miércoles, se deriva de un intenso debate durante la consulta pública, donde se corrigieron varios elementos que generaron controversia.

Una de las disposiciones más debatidas, que proponía que los medios no debían difundir información “falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, fue eliminada del texto final. Esta medida había suscitado preocupaciones sobre la capacidad de la CRT para determinar qué constituía “falso” o “fuera de contexto.” Norma Solano, presidenta de la CRT, aseguró que la Comisión no se convertirá en un juez de contenidos ni evaluará la veracidad de las noticias, reafirmando su compromiso de no censurar.

Sin embargo, el desafío de proporcionar información veraz no se limita únicamente a los medios de comunicación. En un análisis reciente, se evidenció que algunos informes oficiales, aunque verdaderos, presentaban una visión incompleta. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo anunciaba en julio de 2026 que había 326,987 empleos formales más en comparación con el año anterior, sin mencionar que también se perdieron 19,550 empleos en ese mismo mes. Asimismo, el Reporte de la Incidencia Delictiva afirmó que entre octubre de 2024 y el pasado mes de julio, se detuvieron a 63,564 personas, entre las cuales nunca se ha especificado cuántas aún permanecen en prisión o han sido sentenciadas.

La crítica radica en que la información oficial no necesita ser falsa para resultar engañosa. A veces, simplemente se eligen cifras favorables y se ocultan aquellas que podrían ofrecer una interpretación más matizada de la realidad. Los Lineamientos de la CRT apuntan a asegurar que las audiencias reciban información veraz y oportuna, exigiendo a los medios que implementen códigos de ética y mecanismos para atender quejas.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué sucede cuando el gobierno es la fuente de información? Millones de ciudadanos dependen de conferencias presidenciales, comunicados, estadísticas y campañas pagadas con recursos públicos. Esta información es crucial para la percepción general que se tiene sobre la economía, la seguridad y el desempeño de los gobernantes. La capacidad del gobierno para decidir qué datos revelar y cómo contextualizarlos plantea una gran responsabilidad.

El uso selectivo de datos, resaltar cifras convenientes y presentar resultados sin proporcionar el contexto necesario puede inducir a error sin necesidad de recurrir a la mentira. Si se exige a los medios que garanticen veracidad, precisión y contexto en su información, es fundamental que el gobierno aplique los mismos estándares. La obligación de informar con integridad debe ser equitativa entre todos los actores involucrados, especialmente considerando que el gobierno gestiona una cantidad sustancial de información que influye en la opinión pública.

Empeñada en proteger los derechos de las audiencias, la CRT ha actuado correctamente al eliminar disposiciones que podrían comprometer su neutralidad. Sin embargo, ahora queda la tarea de exigir que el gobierno ajuste su enfoque sobre la veracidad y el contexto, asegurando que la ciudadanía reciba una información completa y clara desde el poder público. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales en una democracia saludable, y cada actor debe contribuir a la construcción de una sociedad bien informada.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.