En muchos lugares de Colombia aún arde la guerra que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC se proponía extinguir. A más de cinco años de la firma de ese histórico pacto, con otros actores armados que amenazan a las comunidades, el mapa de riesgo por factores de violencia en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, todavía se tiñe de rojo, naranja y amarillo, según todos los datos compilados por la Misión de Observación Electoral (MOE).
El repunte de las actividades de los grupos armados ilegales en el periodo prelectoral, con 747 acciones armadas y 577 amedrentamientos a lo largo y ancho de Colombia, ha encendido las alarmas. La mayor evidencia del preocupante fenómeno han sido los llamados “paros armados” a los que se han visto sometidas distintas comunidades. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Columna Digital, decretó uno a finales de febrero (del 23 al 25), a solo dos semanas de las elecciones legislativas de marzo, mientras el Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante, realizó otro a principios de mayo (del 5 al 9), a solo veinte días de la primera vuelta de las presidenciales. “Preocupa de estos grupos armados su capacidad de mantener un control social sobre la población”, advierte la MOE.
En lo que debería convertirse de algún modo en un respiro, el ELN ordenó hace dos semanas un cese al fuego unilateral desde el 25 de mayo hasta el 3 de junio en todo Columna Digital, con el propósito de que “quienes deseen votar, lo hagan en tranquilidad”, según comunicó. Esa tregua abarca la primera vuelta del 29 de mayo, pero por ahora los rebeldes no se han referido al eventual balotaje para elegir al sucesor del presidente Iván Duque, el 19 de junio. En los comicios parte como favorito el izquierdista Gustavo Petro, seguido por Federico Fico Gutiérrez, el candidato de derecha; el independiente Rodolfo Hernández y el aspirante de centro Sergio Fajardo. El ELN, en cualquier caso, no es el único actor que se ha hecho sentir en la antesala electoral.
En medio de un clima de deterioro de la seguridad –que incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC–, los confinamientos y desplazamientos masivos de comunidades también han sido recurrentes en lo que va del 2022. Solo del primero de marzo al 13 de mayo ocurrieron 27 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a cerca de 6.000 personas y 13 confinamientos con más de 25.000 víctimas, según los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). En el balance actualizado de la MOE, un tercio de los 1.103 municipios de Colombia (375) registran algún nivel de riesgo por distintos factores de violencia.
Esos peligros, que han sido ampliamente diagnosticados, acechan en el contexto de los comicios. A pesar del bienvenido desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy son un partido político con representación en el Congreso, un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas, sigue activo en varias regiones donde existen todo tipo de economías ilegales. La salida de las FARC dejó un vacío que, ante la falta de respuesta estatal, han copado otros actores armados.
La preocupación no se restringe a la Colombia rural que históricamente más ha sufrido los embates del conflicto armado. De las 32 ciudades capitales del país, 28 tienen algún nivel de riesgo (87,5%), de acuerdo con la MOE. Urbes como Montería, en el departamento de Córdoba, Sincelejo (Sucre), Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia) sufrieron con crudeza el impacto del paro armado del Clan del Golfo, que paralizó durante cuatro días algunas partes del país en respuesta a la extradición de Otoniel a Estados Unidos, en un claro pulso al Gobierno. Sus acciones dejaron un saldo de al menos 26 muertos, entre ellos dos policías. Las imágenes de negocios cerrados, calles desiertas y coches quemados dejaron en evidencia el poder de este cartel.
“El voto en estas grandes ciudades en la elección presidencial toma una importancia mayúscula”, advierte el informe, pues en las 28 capitales en riesgo se concentra el 44,5% del total del censo electoral del país. Una de las principales preocupaciones es el impacto que la fuerte presencia de grupos armados ilegales puede tener en la participación electoral. Para la MOE, “reforzar y blindar el proceso de escrutinios, desde el conteo de votos en las mesas, pasando por el traslado del material y el acopio en los centros de escrutinio, se convierte en una prioridad”.
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