Las comunidades y colectivos civiles de México están elevando su voz en busca de métodos más accesibles para obtener concesiones de radio social, indígena y afromexicana. Tras la reciente consulta pública realizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), surge una marcada inquietud entre los participantes: la necesidad de financiamiento y asesoría técnica. Esto se debe a que, aunque el deseo de operar estaciones de radio comunitarias está presente, los requisitos actuales pueden ser un obstáculo considerable.
La CRT, en su esfuerzo por optimizar la asignación de espectro para la radiodifusión sonora, ha recogido inquietudes de 14 interesados a lo largo de 20 días hábiles. La consulta busca fortalecer la radio con una función social, en un contexto donde actualmente existen 254 concesiones para este tipo de radiodifusión en el país, aunque no todas están activas por problemas técnicos y económicos.
Uno de los puntos destacados por los participantes fue la creación de un fideicomiso público. Este mecanismo podría ofrecer apoyo financiero a las comunidades que desean emprender proyectos de telecomunicaciones, considerando que muchos de estos son sin fines de lucro y con un enfoque cultural y educativo. De acuerdo con los colectivos, es imperativo encontrar formas de eliminar las barreras económicas que complican la operación de estas estaciones.
En este contexto, la organización Observacom ha valorado positivamente el inicio del diálogo por parte de la CRT, pero ha advertido que aún hay áreas de mejora, especialmente en términos de libertad de expresión. El financiamiento estatal para estos medios podría, potencialmente, influir en su agenda y, por lo tanto, es un tema que la CRT debería abordar con cautela.
Además, el sector enfrenta presiones tanto de la radio comercial como de la radioen línea para que se definan claramente los lineamientos que permitan a las estaciones sociales vender tiempo al aire. Esta demanda se encuentra en medio de una compleja dinámica de competencia en el mercado.
Mientras tanto, algunas estaciones de radio social han comenzado a ofrecer spots publicitarios, a pesar de la falta de lineamientos claros. Esto ha generado contradicciones, dado que la CRT tiene la tarea de supervisar tanto la legalidad de estas operaciones como la lucha contra la radio pirata, un fenómeno que ha cobrado relevancia en los últimos años. Según datos de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones marcó logros históricos en el combate a la piratería, asegurando cerca de un centenar de estaciones anualmente. Sin embargo, aún no se han divulgado resultados similares por parte de la CRT.
A pesar de los desafíos, la radio social, indígena y afromexicana está comenzando a alcanzar un 1% del share en algunas ciudades relevantes como Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana y la Ciudad de México. Por ejemplo, en Mérida, la estación Vida Nueva ha logrado atraer a 8,742 oyentes al mes, evidenciando el interés y el potencial que tiene este tipo de radiodifusión en el país.
La CRT tiene la responsabilidad de actuar con urgencia para establecer los lineamientos que facilitarán la sostenibilidad de las estaciones ya en operación, abordando tanto sus necesidades de financiamiento como la problemática de la audiencia. A medida que se mueven hacia adelante, será crucial que la autoridad garantice un marco que propicie la inclusión, participación y pluralidad de voces en el radiocontexto nacional.
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