A partir de 2026, el Gobierno federal de México implementará una polémica estrategia en el sector farmacéutico que obligará a las empresas farmacéuticas a demostrar inversión en el país para poder participar en las compras bianuales de medicamentos. Esta decisión, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, busca reactivar y fortalecer la producción farmacéutica nacional, incentivando la investigación clínica y fomentando la relocalización de procesos productivos.
La propuesta enfatiza la necesidad de que las farmacéuticas no solo tengan presencia en México a través de oficinas, sino que cuenten con fábricas, laboratorios y centros de investigación. Según Clark, aproximadamente 40 compañías farmacéuticas transnacionales controlan compras que rondan los 150,000 millones de pesos cada dos años, principalmente en productos de patente y fuente única. Dado el volumen de estas adquisiciones, el Gobierno considera justo solicitar que una parte significativa de estos ingresos se reinvierta en el país.
La estrategia se articula en dos vertientes. Por un lado, se creará una comisión de promoción a la inversión farmacéutica que se encargará de negociar compromisos con estas empresas. Por otro, se implementarán criterios de calificación que beneficiarán a las compañías con operaciones instaladas en México, así como aquellas que establezcan alianzas con instituciones públicas.
Sheinbaum también ha señalado el interés en atraer inversiones de empresas farmacéuticas de países como India, Estados Unidos y varias naciones europeas y latinoamericanas, con el fin de establecer un modelo productivo que permita ofrecer medicamentos a precios más bajos, al tiempo que se generan empleos.
El Gobierno priorizará la instalación de estas inversiones en los llamados Polos de Bienestar, regiones estratégicas que se han identificado para promover el desarrollo económico y social en el país. Esta iniciativa promete ofrecer infraestructura adecuada, permisos rápidos y ciertos incentivos fiscales para el establecimiento de empresas en esas áreas.
Sin embargo, no todas las voces son optimistas. Enrique Martínez Moreno, director del Instituto Farmacéutico de México (Inefam), ha expresado su preocupación por la falta de detalles sobre cómo se implementará el decreto recién anunciado. Asegura que para que esta medida resulte efectiva debe ser analizada y discutida con rigor, prestando especial atención a la capacidad de producción local y la disponibilidad de materias primas y farmoquímicos.
En la actualidad, alrededor del 70% de los medicamentos que tratan las enfermedades más comunes en México se producen en el país, pero el 30% restante, que incluye medicamentos más complejos y aquellos bajo patente, no tiene producción nacional. La incertidumbre persiste sobre cómo se dará cumplimiento a este nuevo requerimiento para las empresas extranjeras, algo que depende de la publicación de especificaciones en el Diario Oficial de la Federación.
El sector farmacéutico enfrenta grandes desafíos, entre ellos, mejorar el sistema de compras actuales, que ha mostrado ineficiencias en la definición de las necesidades reales, provocando desbalances en la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Así, está por verse cómo estas nuevas políticas afectarán el futuro de la industria y contribuirán al bienestar de la población mexicana, en un entorno que sigue en constante cambio.
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