Vivimos en una era en la que las disculpas públicas parecen ser comunes, especialmente en el contexto de la política y la administración pública. Recientemente, el partido Morena y la Cuarta Transformación se han visto obligados a disculparse ante los ciudadanos por no cumplir con su obligación de proteger datos personales, lo que ha suscitado una serie de interrogantes sobre la privacidad y el control estatal.
El Tribunal Electoral ha dictado una sanción que obliga a la ciudadana Karla Estrella a ofrecer una disculpa pública hacia la diputada del PT, Karina Barrera, tras menospreciar sus capacidades y trayectoria política. Esta decisión ha sido calificada por la presidenta Sheinbaum como un “exceso”, destacando la disparidad de poder entre una ciudadana sin recursos públicos y una legisladora respaldada por el Estado.
La crítica central gira en torno a la desprotección de los datos de millones de mexicanos, mientras se exige a ciudadanos disculpas por ataques verbales a figuras políticas. En este contexto, la Cuarta Transformación busca justificar la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), trasladando sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un cambio que cuestiona la transparencia y el control que debería ejercerse sobre la gestión pública.
Desde la administración, se sostiene que el INAI recibía solicitudes irrelevantes, pero el desmantelamiento de esta entidad representa un ataque directo a la rendición de cuentas y a los mecanismos de supervisión, fundamentales en la difusión de información pública. En este marco, se han presentado problemas significativos en plataformas como Compranet, las cuales debían facilitar el acceso a contratos del gobierno federal.
La reciente Ley de Obras Públicas también ha suscitado preocupación, ya que permite a las Fuerzas Armadas clasificar proyectos como “seguridad nacional”, esquivando así las solicitudes de transparencia y dificultando el escrutinio público sobre una considerable cantidad de fondos gubernamentales.
Por otro lado, la Plataforma Nacional de Transparencia ha mostrado fallas técnicas que limitan su accesibilidad. Este conjunto de ineficiencias sugiere una estrategia más que un mero problema administrativo, complicando la búsqueda de información y convirtiendo el acceso en un privilegio para una minoría.
La imposición de “leyes censura” en varios estados, que intentan limitar la libertad de expresión, se une a un clima de vigilancia creciente. Los ataques a comunicadores y la regulación del contenido digital reflejan una erosión considerable de derechos fundamentales, creando un efecto disuasivo sobre el periodismo y la disidencia.
Asimismo, las violaciones documentadas a los derechos fundamentales mediante el uso del software de espionaje Pegasus por parte del Ejército contra defensores de derechos humanos han planteado serias preocupaciones. Estas nuevas leyes aprobadas en periodos extraordinarios carecen de claridad y no establecen mecanismos adecuados que garanticen una supervisión efectiva de las prácticas de vigilancia.
Es importante destacar que, bajo este sistema, la privacidad se ha vuelto un lujo y la noción de un “Estado de derecho” se ha transformado para servir al poder en lugar de proteger a los ciudadanos. A medida que el Estado se justifica por no poder proteger mejor los datos de la población, estos mismos datos son utilizados para monitorear cada faceta de la vida personal.
Este panorama plantea interrogantes cruciales: ¿quién se disculpará con los ciudadanos cuando este sistema de vigilancia esté plenamente instaurado? ¿Cómo se han transformado las esperanzas de un México más justo en una realidad donde la vigilancia se camufla bajo la bandera de la modernización?
Cada aspecto de nuestra identidad, comunicaciones y derechos fundamentales está a la deriva bajo un marco legal que permite la supervisión. La pregunta ahora es si la sociedad podrá recuperar el control y exigir una rendición de cuentas que garantice la transparencia, el respeto a la privacidad y la libertad de expresión en un contexto donde las disculpas parecen ser insuficientes.
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