El velo de la opacidad que cubre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha permitido que algunos de sus miembros hagan un manejo deficiente y poco escrupuloso de los recursos públicos. Una serie de auditorías hechas por la Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea revelan un patrón repetitivo: estas instituciones carecen de procesos rigurosos de contratación y escudándose en la seguridad nacional ha comprado insumos a sobreprecio.
Además en una serie de denuncias que llegaron a su órgano interno de control entre enero de 2013 y mediados de 202se acusa que diversos generales han participado o solapado estas irregularidades que apuntan a actos de corrupción. Pese al daño al erario que estas deficiencias administrativas han causado, solo 27 miembros de las Fuerzas Armadas fueron sancionados en ese periodo. Entre los castigados apenas figuran tres generales y cinco coroneles con los castigos más blandos que permite la ley: amonestaciones y suspensiones de un mes.
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El Ejército mexicano, una de las instituciones con más poder en México y a quien el presidente López Obrador le ha encomendado sus obras más importantes de infraestructura, tiene un historial de negligencia administrativa en la contratación de bienes y servicios. Una revisión a los expedientes de sanción administrativa abiertos tras indicios de irregularidades ponen al descubierto que al menos entre 2013 y 2020 miembros en activo del Ejército emitieron licitaciones a modo que restringieron la competencia de los participantes, incurrieron en desaseo contable al pagar facturas duplicadas y alteraron la bases de licitación para favorecer a algún contratista en particular. No solo eso: los informes permiten esbozar cómo se abusa de la asignación directa, no se verifica que las compañías estén al corriente en sus obligaciones fiscales y no se penaliza a las empresas que incumplen con lo establecido en los contratos.
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Además el órgano interno de control (OIC) de la Sedena ha apostado por mantener en secreto los nombres de los militares sancionados por deficiencias en los procedimientos de contratación. La Secretaría de la Función Pública —de quien depende el OIC castrense— asegura que al revelar la identidad de esos militares se compromete su seguridad justo en un momento donde participan en una diversidad de tareas, como la construcción del Tren Maya, el plan de migración en las fronteras del país y los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras actividades prioritarias.
“Proporcionar la información podría presentar un estado de riesgo por haber tenido contacto con la sociedad civil de manera activa”, justificó la SFP. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia consideró que los funcionarios sancionados fueron hallados responsables de mal ejercicio en procesos de contratación, es decir, en actividades administrativas. “La información solicitada tiene que ver con el manejo y ejercicio de recursos públicos y no así de actividades operativas de la Sedena”, afirmó el instituto y pidió brindar la información, parte de la cual aquí se presenta.
Sobornos y sobreprecios
La lupa de los inspectores del órgano interno de control viró al Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite —ahora extinto— que durante décadas cuidó del Ejecutivo mexicano y su familia. En 2012, las revisiones a cientos de documentos de adquisiciones arrojaron que se había comprado un equipo de cirugía con un sobreprecio del 119%. En estos procedimientos intervinieron dos altos mandos del EMP que tres años después terminarían siendo ligeramente sancionados.
Uno de ellos era el general Humberto Augusto Delgado Brambila, entonces director del Centro Hospitalario del EMP y señalado por “no fundar ni motivar” el dictamen técnico que justificaba la adjudicación directa del contrato y de no incluir los plazos de entrega de los bienes. El segundo sancionado fue el coronel de artillería Ramiro Gómez Contreras, quien fungía como coordinador administrativo del EMP. Él fue acusado de no verificar que se hubiese hecho correctamente la investigación de mercado. “Como responsable del procedimiento de contratación celebró el contrato sin sujetarse a las normas toda vez que no se contó con las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio para la adquisición del equipo médico”, se lee en el dictamen.
Laxos controles
Los auditores rastrearon durante meses las contrataciones hechas con cargo al presupuesto del Fideicomiso para pago de equipo militar durante 2012. En su informe elaborado para la ASF anotaron que a solicitud de la Dirección General de Administración —entonces a cargo del general Moisés García Ochoa— se habían utilizado recursos del fideicomiso en la ampliación de un estacionamiento de la Secretaría sin que este fuera un proyecto “urgente” o estuviera relacionado con el objetivo del fondo. La ASF pidió al OIC de la Sedena investigar y en su caso sancionar a quienes autorizaron la obra con cargo a esa bolsa, pese a que esos recursos estaban destinados a proyectos de equipo militar. La Dirección de Administración informó a la ASF que había instruido a sus subalternos para que en el futuro se evitara utilizar recursos de ese fideicomiso para fines distintos a los estipulados.
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La lista de deficiencias administrativas no concluyeron ahí. También encontraron que durante los trabajos de modernización de la Base Aérea Militar Número Uno en 2012 las áreas contratantes de la Dirección General de Administración otorgaron un contrato para la supervisión externa de la obra a una empresa constructora sin que hubiese una licitación de por medio. “Se presume un conflicto de intereses”, concluyó la ASF al señalar que la adjudicación no se hizo de manera independiente.
La Dirección de Administración hizo llegar al órgano fiscalizador un oficio donde aseguraba que había ordenado a las áreas competentes que en el futuro se apegaran a los lineamientos establecidos para contrataciones. Sin embargo, la ASF consideró este argumento insuficiente porque no se acompañó de los documentos que justificaran la asignación directa y pidió investigar a los involucrados en la contratación. Aunque el OIC inició investigaciones, el único sancionado fue David Sandoval Mota, jefe de la sección administradora de contratos de la Subdirección de Adquisiciones en la Dirección de Administración. En octubre de 2014 se le suspendió un mes de su cargo, según información obtenida vía Ley de Transparencia. El general García Ochoa ni siquiera fue amonestado.
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El mismo año en que el órgano de control sancionaba a Sandoval Mota, otra denuncia llegaba a las instancias de la contraloría. La acusación esta vez era en contra del general de brigada Ángel Sergio Olivares Morales. El entonces director de Sanidad fue acusado de alterar las conclusiones de un dictamen técnico en un procedimiento de adquisiciones de medicamentos para favorecer a una empresa.
El contrato por más de 1.000 millones de pesos se adjudicó en febrero de 2013 y tres meses después la Contraloría General del Ejército suspendió los pagos al proveedor. El caso —según publicó el diario Reforma en 2015—llegó también hasta la Procuraduría Militar, que inició una averiguación previa por los delitos de fraude y falsificación de documentos. Ahora se sabe que el expediente no avanzó por la vía judicial, mientras que por la vía administrativa tampoco fue sancionado, según los registros obtenidos vía transparencia.