La guerra del agua por el trasvase Tajo-Segura ha entrado en una nueva fase. Todas las comunidades afectadas —Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía— sostienen que el Consejo de Estado les ha dado la razón en su último informe (aunque defienden posiciones opuestas), mientras multiplican —sin importar si están presididas por el PP o el PSOE— la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el calendario previsto, el Consejo de Ministros debería aprobar el próximo martes el Proyecto de Real Decreto por el que se revisan 12 planes hidrológicos de cuenca de los ríos españoles para el periodo 2022-2027. Y esa revisión implica un recorte en el trasvase más polémico de los que existen en España: el que desvía agua del mayor río de la Península, el Tajo, desde su cabecera en Castilla-La Mancha a tres comunidades del sur y el Levante.
El dictamen (no vinculante) del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, considera “necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura, entre sí y en relación con la normativa reguladora del trasvase”. “La satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto del Tajo-Segura”, concluye el escrito, de 95 páginas, en el que hay otras alusiones a la necesaria sostenibilidad medioambiental del río. Las cuatro comunidades afectadas celebran el dictamen, interpretándolo cada una a su favor, y el Ministerio de Transición Ecológica guarda silencio. La cuestión es muy sensible, más aún cuando faltan solo cinco meses para las elecciones autonómicas y municipales.
El real decreto contempla que el caudal ecológico del Tajo (el volumen mínimo de agua que debe siempre mantener para preservarlo desde el punto de vista medioambiental) suba progresivamente entre 2023 y 2027, lo que lo que en la práctica implica que, en determinados casos, se pueda reducir la cantidad de agua trasvasada. A ello obligan cinco sentencias del Tribunal Supremo y la legislación europea.
La Generalitat valenciana que preside Ximo Puig (PSOE) se aferra a la recomendación que el Consejo de Estado ha lanzado al Gobierno de que garantice “la coherencia entre las cuencas cedente y receptora”, lo que limitaría el recorte. El Ejecutivo autonómico pide que el Gobierno de Pedro Sánchez reconsidere el real decreto desde “el rigor y el diálogo”, sin descartar la vía judicial si se mantiene el plan del Ministerio de Transición Ecológica de reducir el volumen de agua trasvasada —como de hecho ya se hace desde verano de 2021— en contra de las demandas de los regantes de Alicante, Murcia y Almería.
El presidente valenciano ha manifestado que el dictamen del Consejo de Estado le parece “un buen inicio de recorrido”. “Queremos que el Gobierno atienda las razones que propone el Consejo de Estado pero más allá estamos en el ámbito de la negociación, del acuerdo, porque queremos agua para siempre y para eso necesitamos que se venza cualquier tribalismo, fundamentalismo o apropiación indebida”, ha instado Puig. Su Ejecutivo destaca la advertencia del Consejo de Estado de que la ausencia de coordinación puede provocar “una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo-Segura”.
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En una posición mucho más dura que la de Puig, el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha dicho que Pedro Sánchez “ya tiene una justificación [gracias al dictamen] para no aprobar el recorte al trasvase Tajo-Segura”, que desde su punto de vista “no está basado en criterios científicos”. Un extremo al que el Consejo de Estado no hace alusión en ningún momento.
La posición de Emiliano García-Page, otro barón socialista y presidente de Castilla-La Mancha, es muy diferente. “Nos hemos peleado para conseguir algo que parece mentira que hayamos tenido que ir a los tribunales. El problema del agua no es un problema de que tenga razón Page o la tenga el presidente de otra comunidad. No es una decisión caprichosa, hoy el problema no es político sino estrictamente legal”, ha dicho este viernes, celebrando que el dictamen avale el recorte del trasvase.
Según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), el recorte del trasvase haría inviable la agricultura desarrollada durante décadas: este colectivo asegura que la infraestructura genera más de 100.000 empleos y que su industria agroalimentaria aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional. Otro dato que destacan es que las tres provincias que se benefician de la obra —inaugurada en 1979 y de 292 kilómetros de longitud— producen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas. El precio es clave: según el sindicato, el agua del trasvase es tres veces más barata que la procedente de desaladoras. La semana pasada miles de personas se manifestaron en Madrid en contra del recorte.
El Consejo de Estado pone además negro sobre blanco que “existió cierta confusión” en el Consejo Nacional del Agua celebrado el pasado 29 de noviembre sobre el texto del real decreto que el organismo aprobó entonces. El Gobierno valenciano ha defendido todo este tiempo que el texto incluía una disposición adicional novena según la cual el Ministerio de Transición Ecológica evaluaría, en función de la situación medioambiental, la aplicación de los caudales ecológicos mínimos del Tajo a partir de 2026. Esto es, que el recorte del trasvase no sería automático. Pero en la redacción que salió adelante no estaba esa cláusula. El dictamen advierte que hubo “confusión” sobre esa disposición. Y añade que habría sido “deseable una propuesta clara y concreta del texto del proyecto, preferentemente por escrito”.
El Ministerio para la Transición Ecológica y la Comunidad Valenciana han sostenido desde entonces un intenso rifirrafe sobre el contenido del texto que verdaderamente se votó aquel día en el Consejo del Agua. “La resolución dice que todo este proceso ha sido poco transparente y opaco”, coincide el presidente murciano, López Miras.
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