Un camión de reparto fue secuestrado recientemente en una de las vías más cruciales de la Ciudad de México, un acto criminal que muestra la gravedad de la situación de seguridad. La intervención policial, lejos de ser efectiva, pareció haberse alineado con la omisión, permitiendo que los delincuentes llevasen a cabo su crimen, el cual culminó en el estrellamiento e incendio del vehículo en las cercanías del Campo Militar número 1.
Ante este escenario, las autoridades, tanto locales como federales, han optado por permanecer inactivas, argumentando que cualquier acción podría ser considerada como represión. Como si detener a un grupo de encapuchados que atentan contra instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional fuese un acto de violencia contra los derechos humanos; la realidad es que el gobierno ha abierto puertas a una impunidad alarmante.
Un cambio notorio en la política de seguridad se ha impuesto, quizás forzado por la presión de la comunidad internacional, abandonando el enfoque del gobierno anterior de “abrazos y no balazos”. La lucha contra la corrupción, presente en la administración anterior, ha sido relegada ante un nuevo manto de protección que encubre a los delincuentes bajo una aparente bandera social.
En lo económico, el panorama es igualmente preocupante. La promesa de una corrección fiscal parece haberse diluido, enfrentándose a la dura realidad de un déficit presupuestal del 5.7% del Producto Interno Bruto en 2024. Este año, se espera una reducción a 4.3%, y para 2026, a un 4.1%. Este escenario se ve complicado por un creciente nivel de endeudamiento que podría alcanzar el 52.3% del PIB a finales de 2025.
Los grupos financieros, como BBVA, advierten que si esta deuda continúa su ascenso, podría llegar a un alarmante 60% para 2030, lo cual pone en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana. Este deterioro de la salud financiera nacional no solo marca una inestabilidad macroeconómica; se traduce en crisis generalizadas que afectan directamente la calidad de vida de la población, manifestándose a través de inflación, desempleo y altas tasas de interés.
La comprensión colectiva de los efectos de esta inestabilidad económica se ha vuelto crítica. La historia reciente de estabilidad económica en el país ha hecho que muchos no puedan visualizar la gravedad de la situación actual. Sin embargo, los efectos de la inacción gubernamental son palpables y, aunque se descalifique o minimice la advertencia, la realidad financiera eventualmente golpeará en el bolsillo de todos, siendo este un llamado de atención ineludible para el futuro.
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