Peter C. Gotzche relata en su libro Medicamentos que matan y crimen organizado diversos casos en que las empresas farmacéuticas afectan a los pacientes con medicamentos para los más diversos padecimientos.
Gotzche no toca el tema de los opioides, pero definitivamente la extensión de su consumo cae dentro de la estrategia de la industria farmacéutica para promover el incremento de su riqueza.
A primera vista puede surgir la duda sobre la relación entre la industria farmacéutica, las drogas y los cárteles. En realidad, tienen un relevante punto en común: el lucro. En segundo lugar, utilizan los mismos productos como mercancía; en tercero los métodos para lucrar no han sido muy diferentes.
Estados Unidos tiene una larga historia en el consumo de opiáceos. Desde la llegada del barco Mayflower en 1620, el doctor Samuel Fuller con seguridad traía en su maletín algún tipo de láudano, una tintura de opio/alcohol.
Por otra parte, en el siglo XIX fue muy popular el jarabe de Mrs. Winslow a base de morfina y alcohol (65 mg. por ml); se vendía a los padres de niños revoltosos, pues era una “forma inocua y agradable” de ayudar al niño a no tener “un sueño profundo y natural, y calmar cualquier dolor”.
En 1906 se promulgó la Ley de drogas y alimentos no adulterados, que obligaba a mencionar cualquier sustancia “peligrosa” o “adictiva” en la etiqueta del medicamento. Tres años más tarde, la Ley de Exclusión del Opio terminó con la importación de opiáceos cuya única finalidad fuera el consumo recreativo.
Otro producto que contenía coca fue la Coca-Cola, que surgió en Estados Unidos (1886) como jarabe medicinal de coca con extracto de nuez de cola. Esta bebida se adaptó a las exigencias de prohibir el alcohol del Movimiento por la Templanza, como bebida intelectual y para la templanza. En 1903, la Coca-Cola se descocainizó y evolucionó sustituyendo la cocaína por cafeína.
Otros factores que impulsaron el incremento en el consumo de drogas fueron la aprobación de la 18ª enmienda que prohibió el consumo de alcohol en 1919. Asimismo las guerras desde la de Secesión, la primera y segunda guerras mundiales, la de Vietnam y las de Medio Oriente.
El punto de inflexión fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues los opioides, opiáceos sintéticos, se empezaron a vender ampliamente, entre ellos un medicamento sin hidrocodona (que en los setenta se comercializó como Vicodin) y un Oxycodone (un opiáceo que es uno de los ingredientes del medicamento OxiContin).
La “Primera ola” de la epidemia de opioides, se inició a mediados de la década de los años noventa en Estados Unidos con la venta de la hidrocodona. La farmacéutica Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler, inició una agresiva campaña para promover el consumo del medicamento OxyContin. Aprobado por la FDA para el tratamiento del dolor crónico moderado a severo.
Purdue comercializó OxyContin con un fármaco de bajo riesgo de adicción (menos del 1% según su propaganda) debido a su mecanismo de liberación sostenida, diseñado para durar 12 horas. El dolor intenso regresaba antes de la siguiente dosis, lo que fomentaba la adicción. Por su parte los pacientes se percataron que las pastillas se podían triturar con el fin de inhalarlas o inyectarlas, el resultado fue la obtención de una dosis alta y adictiva.
Por otra parte, se instrumentó una campaña personalizada para inducir a los médicos a recetar el medicamento. Se contrataron mujeres y hombres jóvenes y atractivos para visitar al personal médico y convencerlo de las bondades del analgésico.
El éxito de la campaña se reflejó en las ventas de OxyContin, que aumentaron de 48 millones de dólares en 1996 a casi 1,100 millones en 2000. A la par el número de nuevos adictos y muertes por sobredosis crecía, pues de 1999 a 2010 se quintuplicaron los fallecimientos.
El estado de Virginia Occidental fue uno de los primeros en presentar una demanda contra Purdue (2001), el argumento central fue que convenció a los médicos a recetar OxyContin innecesariamente al minimizar su potencial adictivo. La empresa se vio obligada a pagar 10 millones de dólares durante cuatro años para apoyar a programas que combatieran el abuso de drogas en ese estado.
En 2007 tres de sus principales ejecutivos se declararon culpables de cargos criminales por el etiquetado que propició la adicción al OxyContin y tuvieron que pagar 600 millones de dólares en multas. Aunque la empresa tuvo que enfrentar más de mil demandas de ciudades, condados y estados.
La consecuencia fue que, en 2019, Purdue Pharma se declaró en bancarrota. La familia Sackler propuso un acuerdo estimado entre 10 mil y 12 mil millones de dólares a lo largo del tiempo, que incluía la donación de medicamentos para el tratamiento de adicciones y la reversión de sobredosis.
En 2020 se divulgó que miembros de la familia Sackler retiró más de 10 mil millones de dólares de la compañía a medida que se intensificaban las investigaciones y las demandas en su contra.
Al final Purdue llegó a un acuerdo de 8,300 millones de dólares con el gobierno federal por su papel en la crisis de los opioides y la familia Sackler acordó pagar 225 millones de dólares para resolver las multas por juicios civiles. En 2021 la empresa se declaró en quiebra, Ningún miembro de la familia fue a la cárcel.
El fentanilo fue creado en los años 60 con fines médicos como analgésico para ser utilizado en cirugías, tratar dolores agudos, como de lesiones, o en cuidados paliativos con enfermos terminales. Y sigue siendo utilizado con estos fines.
La segunda ola de opioides es la del fentanilo, impulsada por la industria farmacéutica. En 2012 la empresa “insys THERAPEUTICS INC” fabricó el medicamento subys, analgésico de efecto rápido: fentanilo. El cual es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. El socio mayoritario fue John Kapoor. En 2013 la empresa entró a Wall Street, en años después las acciones superaron el valor de mil millones de dólares.
La estrategia mercadológica superó a la de Purdue Pharma. Las mujeres contratadas para promover la venta del fentanilo ante los médicos no sólo eran atractivas, sino que fueron reclutadas entre strippers.
Al final la empresa fue declarada en quiebra y Kapoor dueño de la empresa fue condenado por tráfico de opioides (2019) a 5 años de prisión, pero sólo estuvo dos.
En la tercera “ola de opiáceos” el actor esencial son los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Aunque el primer laboratorio de fentanilo fue localizado en 2006 es hasta 2018-2019 cuando se inició la producción masiva en México.
La potencia del fentanilo se manifestó en el incremento de muertes por su consumo. En el año 2000 fallecieron 730 personas; en 2013 fueron 31 mil 100, hasta llegar a 73 mil 654 fallecidos en 2022 y superó los 100 mil en 2023 y 92 mil en 2024. En 2025 las defunciones disminuyeron alrededor del 21%, pero la cifra sigue siendo alta, pues fue de 73 mil personas.
Las intoxicaciones por uso de drogas es la principal causa de muerte entre los estadounidenses entre 18 y 45 años. En 2013 a 2019 la tasa de mortalidad relacionada con opioides sintéticos aumentó un 1,040%, al pasar de 1.0 a 11.4 defunciones por cada 100 mil habitantes.
La conclusión es evidente. El origen de la crisis de los opioides tiene su origen en la industria farmacéutica estadounidense con la complicidad de autoridades de diferentes niveles. Los responsables han quedado impunes o se les han aplicado penas mínimas.
Los cárteles sustituyeron a las farmacéuticas como proveedores de un mercado construido legalmente por esas empresas. La responsabilidad de empresarios y funcionarios estadounidenses en la promoción de la adicción a los opiáceos es indudable.

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