Las ganancias del cibercrimen impulsan negocios reales.

Lo que empieza como un ataque de ransomware puede tener consecuencias insospechadas, como la creación de un nuevo negocio, incluso en sectores tan dispares como la gastronomía. Un análisis realizado por especialistas en ciberseguridad revela que quienes participan en el cibercrimen no solo acumulan lujosos automóviles o criptomonedas, sino que también están invirtiendo sus ilícitas ganancias en una diversidad creciente de negocios, tanto legales como ilegales.

Restaurantes, bienes raíces, empresas tecnológicas, y hasta estudios de programación son solo algunos de los nuevos destinos del dinero mal habido. Un informe de Sophos X-Ops, la división de inteligencia de amenazas de una reconocida firma británica, expone cómo estos delincuentes operan en foros criminales donde intercambian estrategias para lavar dinero y diversificar sus fuentes de ingresos.

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La inversión de estos cibercriminales en negocios legales no es meramente un capricho; su lógica es clara: diversificar para reducir riesgos. Al igual que los cárteles de droga, que invierten en diversos sectores para ocultar sus actividades ilegales, estos grupos están expandiendo su influencia a través de una amplia gama de negocios para estabilizar sus ingresos y enmascarar la procedencia de su dinero.

El documento de Sophos identifica patrones de inversión que levantan inquietudes. Algunos ejemplos incluyen restaurantes y cadenas de comida rápida en varias regiones del mundo, empresas ficticias en esquemas tributarios favorables, y hasta startups de tecnología que operan desde núcleos de datos antiguos, todo ello con un solo objetivo: ocultar el origen del dinero.

Las técnicas de lavado de dinero han evolucionado más allá de lo que se podría imaginar. En los foros web oscuros, los delincuentes exploran métodos avanzados que van desde el uso de pequeñas transacciones realizadas por personas o bots, hasta la creación de empresas ficticias que solo existen en papel para simular una actividad comercial legítima. Las criptomonedas, junto con entidades sin fines de lucro como ONGs, aparecen como herramientas útiles para mover capital sin dejar rastro.

El informe de Sophos advierte sobre una zona gris en la que prosperan negocios que operan en un limbo legal, como estudios de webcam o plataformas de marketing digital que inflan métricas para aparentar éxito. Estas actividades, aunque puedan parecer inofensivas, son un punto de entrada para justificar ingresos ilícitos.

En los extremos más notorios, el financiero también se cruza con el criminal. Se han documentado conexiones que vinculan el dinero del cibercrimen con actividades como la trata de personas, el tráfico de drogas y la creación de documentos truchados. Organizaciones como Europol han notado una creciente intersección entre el crimen organizado tradicional y las actividades cibernéticas.

Curiosamente, algunos grupos de ciberdelincuentes han comenzado a invertir en empresas de ciberseguridad. Esto no solo pone de relieve la profesionalización del crimen cibernético, sino que también plantea serias preocupaciones sobre el riesgo sistémico que implica su accionariado en estructuras dedicadas a la defensa cibernética.

A pesar de las raíces de estas actividades que fueron inicialmente ancladas a foros en el mundo digital, su impacto es significativo en muchos países, incluyendo lugares como México. La informalidad de la economía, la alta dependencia del efectivo y la limitada regulación crean un entorno propicio para que estos negocios, disfrazados de legales, florezcan.

A medida que el análisis progresa, se señala específicamente a Latinoamérica como un terreno fértil para técnicas de lavado de dinero, desde la importación de tecnología hasta la compra de propiedades con criptomonedas en regiones con escasa vigilancia.

Este fenómeno revela no solo la sofisticación del cibercrimen, sino también la interconexión de actividades ilícitas y semifiltradas que siguen desafiando a las autoridades y a la sociedad en su conjunto. La complejidad de estos esquemas subraya la necesidad de una vigilancia y respuesta eficiente para afrontar los nuevos retos que el cibercrimen presenta en el mundo actual.

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