Los aguaceros torrenciales de estos días han producido estragos en algunas zonas de Venezuela, particularmente en el estado Mérida, en la región andina del país. Allí se contabilizan ya 15 personas fallecidas, además de seis desaparecidos a causa de las inundaciones. El gobernador de la región, Ramón Guevara, informó de que dos de los fallecidos son niños. Nicolás Maduro ha decretado la emergencia nacional a causa de las inundaciones, que según Protección Civil han dejado más de 8.000 viviendas destruidas y 35.000 personas damnificadas.
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Los Estados Zulia, Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Delta Amacuro, Monagas y Táchira también han resultado afectados y están en alerta amarilla. El propio Maduro ha informado de que 85 de los 335 municipios del país se han visto perjudicados por las lluvias, que han causado daños en 116 puntos en la vialidad adyacente y en 10 puentes en todo el país.
El epicentro de la catástrofe en Mérida ha sido el valle del río Mocotíes, una región agrícola que en el pasado tuvo actividad turística. El río se ha desbordado y ha inundado las calles de los pueblos de Tovar y Santa Cruz de Mora, arrastrando peñascos gigantescos de la montaña, además de enseres de las residencias desbordadas por el agua. Las accesos a estas poblaciones están bloqueados por los derrumbes y no hay servicio eléctrico, telefónico ni de internet.
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“Estoy aprobando todos los recursos en bolívares, en criptomonedas, en divisas convertibles para que (el Gobierno) actúe con la mayor contundencia, en tiempo real”, ha declarado el mandatario venezolano en una alocución televisada. Maduro ordenó a las Fuerzas Armadas a presentarse en la zonas para ayudar a los socorristas y atender a las víctimas y prometió remover los escombros lo más pronto posible.
“Ya la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha recibido la orden de activar todo su poder para acompañar y apoyar a las comunidades que han visto afectada su vida por la creciente de lluvias”, agregó Maduro. Los efectivos militares actuaron junto al “protector” del Estado, -figura inconstitucional que el Ejecutivo ha colocado sobre los gobernadores opositores electos, como es el caso de Mérida-, Jheyson Guzmán, para supervisar las labores de rescate “en unión cívico-militar” junto al recién nombrado Ministro de Interior y de Justicia, el almirante Remigio Ceballos.
