El segundo viernes del Gobierno de Gabriel Boric estuvo marcado por la violencia en el centro de Santiago. Decenas de jóvenes encapuchados se enfrentaron con la policía y atacaron los negocios del sector de la Plaza Italia, epicentro de las revueltas de 2019 que dieron origen al proceso constituyente y de donde salieron buena parte de los votantes del actual presidente. La aciaga jornada ocurrió días después de que La Moneda enviase al Congreso un proyecto de ley para indultar a los presos relacionados con el estallido social. Los vecinos y comerciantes de la zona, hastiados tras casi dos años y medio de disturbios, exigen mayor orden público, uno de los grandes desafíos que enfrenta la nueva Administración de izquierda.
La manifestación para exigir la renuncia del director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la liberación de los presos de la revuelta arrancó a las 17.00 horas, un ritual que se cumple cada viernes. En cosa de minutos un grupo de niñas con los rostros cubiertos encendieron un basurero fuera del metro más próximo a la Plaza Italia, que se vio obligado a suspender las operaciones, y varios jóvenes prendieron fuego a cajas, bidones y bolsas en medio de la Alameda, la principal arteria vial capitalina. Unos golpeaban a los coches que se interponían en el camino y otros aporreaban fierros contra los paraderos de buses al son de “¡Liberar, liberar, a los presos por luchar!”.
Valezca Garcés, de 65 años, era una de las que gritaba. “Voy a venir hasta que liberen a los presos, aprueben el quinto retiro [del 10% de sus ahorros para la jubilación] y le den a los mapuches lo que quieren, que ellos llevan más tiempo que nosotros luchando”. Su candidato presidencial era el comunista Daniel Jadue, que perdió en las primarias de la izquierda ante Boric. Rechaza que el nuevo mandatario haya dicho que “las actividades delictuales que se realizan los viernes no se pueden seguir permitiendo”. “No somos delincuentes, somos pobladores”, sostuvo Garcés. Consultada sobre los actos vandálicos, argumentó que “la violencia es parte del ADN de la revolución”.
Otra pareja de manifestantes, ella de 42 y él de 38, también apoyaban a Jadue. “Boric no era nuestro candidato, era para salir del paso”, apuntó la mujer, a quien le gustaría que el nuevo Gobierno fuese a las poblaciones “donde los niños pasan hambre y los abuelitos no tienen una pensión digna para vivir”. El centenar de personas reunidas eran principalmente jóvenes que no querían hablar con la prensa, pero también había niños que decían que solo estaban ahí “para mirar” y adultos mayores.
Los ánimos de la protesta ya estaban encendidos por el disparo de un policía contra un joven -fuera de riesgo vital- en una manifestación estudiantil horas antes. Según información preliminar citada por el diario La Tercera, una veintena de personas atacaron al agente, que este sábado quedó en libertad a la espera de que la Fiscalía investigue lo ocurrido. La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, calificó el enfrentamiento “de suma gravedad”. “Como Gobierno debemos resguardar el orden público, pero siempre apegado a la protección de los derechos humanos”. El viernes anterior, en el marco de una detención a un manifestante de 65 años, el alcalde Jadue criticó la “represión policial”. “¡A no decepcionar al pueblo!”, advirtió en Twitter al Ejecutivo.
Sobre las 19.00 horas de este viernes, la fachada del icónico restaurante Antigua Fuente apenas se podía ver. Un grupo de delincuentes intentaba incendiar el local con una fogata fuera de la fachada completamente cubierta de placas metálicas y protegida por una reja gruesa. Agentes de Carabineros apagaron las llamas y sacaron del recinto a cuatro trabajadores, incluido el dueño y presidente de la Asociación Gremial Barrio Plaza Italia, Carlos Siri, de 55 años. “Hoy para mi es un dia negro”, decía a este periódico horas antes al interior su local. “Lo normal sería que trataran de vandalizar el restaurante de nuevo”.
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Siri acabó la noche en el hospital por inhalar los humos tóxicos. “Tuvimos que llamar a Carabineros cuatro o cinco veces porque cada vez que se iban, volvían a atacarnos”, ha explicado este sábado en una conversación telefónica desde su casa.
El local reconocido por sus sándwiches desde hace más de medio siglo ha sido un foco recurrente de los ataques de los viernes. Antes del estallido atendían entre 600 y 700 clientes diarios. Ahora, en un día normal, 250. Y los viernes es una sorpresa cada vez que entra alguien. En la manzana que desemboca en la Plaza Italia había 18 negocios antes de las revueltas. Hoy solo sobreviven dos. “Somos la única ampolleta encendida en medio del campo, entonces todos vienen a atacarnos. Creen que estamos en contra de los cambios, pero esto no es una sede política, es un restaurante”, añadió este viernes Claudio Siri, de 42 años, primo y socio de Carlos.
El Gobierno no ha hecho declaraciones públicas sobre los disturbios en Plaza Italia y Lastarria, otro barrio aledaño. Fuentes de la Presidencia Regional Metropolitana derivaron a este periódico a hablar con Carabineros sobre el tema. El coronel Gilberto Garay, prefecto de la Prefectura Santiago Central, informó que la jornada acabó con siete detenidos y ocho agentes lesionados.
La semana arrancó con la primera reunión de la mesa de trabajo entre el ministro de Economía, Nicolás Grau, y representantes de asociaciones de restauración del centro de la capital. Garu les pidió perdón en nombre del Estado por los actos de violencia que han sufrido y se comprometió, junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, a desarrollar un plan para resguardar la seguridad, aunque no ofrecieron detalles.
Cuando el ministro abordó los temas del encuentro en una entrevista, dijo que “obviamente” no iría con su familia a cenar al barrio los viernes por la noche, sacando ronchas en el vecindario. Grau se refirió en particular al bohemio sector de Lastarria, donde también se produjeron actos vandálicos que incluyeron el destrozo de vidrios, bombas molotov y fuegos artificiales.
Este mismo lunes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció la suma urgencia al proyecto de amnistía de delitos cometidos “con motivo u ocasión de los desórdenes públicos del estallido social” iniciados en octubre del año 2019. Luz Galarce, profesora de 52 años y miembro de Santiago se Levanta, una organización que reúne 33 agrupaciones vecinales y gremios de pequeñas empresas, rechaza la propuesta. “Antes de eso deberían aplicar medidas para detener la violencia”, plantea por teléfono. “Muchos vecinos se han ido. Yo temo por mi integridad y la de mi hija, de 14 años, que sufre de ataques de pánico”, agrega. “Con los indultos no podemos estar tranquilos. Cuando salgan a la calle ¿adivina a donde van a ir? A Plaza italia”, sostiene Siri, quien está buscando un local en el sector oriente de la capital para trasladar su sandwichería.
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