El 30 de octubre de 2019, mientras las protestas en contra de Evo Morales ahogaban Bolivia, se reportaron los primeros muertos de los 38 que hubo durante los 10 días que terminaron con el exilio del expresidente en México. En la ciudad de Montero, a las afueras del reducto oriental de la oposición en la ciudad de Santa Cruz, dos hombres que se oponían a la reelección de Morales fallecieron por el impacto de las balas. Pasó ya caída la noche. La oposición había bloqueado las entradas a la ciudad y ambos manifestantes fueron asesinados tras todo un día de enfrentamientos entre afines y contrarios al expresidente. Además de los muertos, las revueltas en Montero dejaron 21 heridos. Uno de ellos era un antiguo miembro de la extinta guerrilla colombiana de las FARC.
Facundo Molares Schoefeld (Buenos Aires, 46 años) estaba internado en un hospital de la ciudad de Santa Cruz cuando el 11 de noviembre de 2019 fue reconocido por la policía. Pasó al menos 25 días en coma inducido, con “lesiones compatibles con proyectiles tipo perdigones múltiples de arma de fuego”, según un informe de la Organización de Estados Americanos. Cuando despertó, la Fiscalía boliviana lo encerró en una prisión de máxima seguridad. Lo acusaba del asesinato de Marcelo Terrazas, de 48 años, y Mario Salvatierra, de 54, los dos muertos de aquella noche fatídica en Montero. Molares pasó casi un año en prisión. En ese tiempo, el Gobierno interino de Jeanine Áñez mató civiles, reprimió protestas y, finalmente, renunció a presentarse a las elecciones en las que el partido de Evo Morales volvió al poder.
La vuelta de Molares a Argentina se convirtió entonces en una cuestión de Estado: el 6 de diciembre de 2020, el exguerrillero voló hacia Buenos Aires en un avión enviado por el Gobierno de Alberto Fernández. Pero la calma duró menos de un año para Molares. El 7 de noviembre, la policía argentina lo arrestó en Trevelin, un pequeño pueblo turístico de la Patagonia, tras una alerta roja de Interpol. El pedido había llegado desde Colombia, país que quiere juzgar a Molares por el secuestro del concejal Armando Acuña, ocurrido el 29 de mayo de 2009 en una zona que entonces estaba bajo control de las FARC. Esta semana, un juez de Buenos Aires inició el proceso que decidirá si Argentina acepta o no la extradición del exguerrillero.
El Argentino, como le llamaban en las FARC, había llegado a la selva colombiana en 2002, según información de inteligencia filtrada a la prensa de ese país. Luego de recibir entrenamiento militar, terminó en la columna Teófilo Forero, una de las estructuras más cruentas de la insurgencia, responsable de atentados como el carro bomba que destruyó el club El Nogal, en Bogotá, en el que murieron 36 personas. Facundo Molares se ganó la confianza de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, el sanguinario comandante del grupo. En un primer momento, El Paisa se acogió al proceso de paz iniciado en Colombia en 2016, pero después retomó las armas y se unió a la Segunda Marquetalia, las disidencias encabezadas por Iván Márquez. En diciembre murió del otro lado de la frontera con Venezuela en una confusa emboscada.
Molares se había distanciado de los líderes rebeldes. Un escueto comunicado del partido político surgido de las FARC en noviembre de 2019 señala una “perturbación de la convivencia por su fuerte temperamento y su renuencia al proceso de paz”, por lo que le permitieron irse “a su casa”. “Facundo salió de Colombia a finales de 2017, principios de 2018, tras pasar un año en uno de los campamentos donde las FARC atravesaban la desmovilización tras el proceso de paz”, afirma a Columna Digital Gustavo Farquet, uno de los abogados de la defensa de Molares en el juicio de extradición en Argentina. Fuentes del partido político de la extinta guerrilla dijeron a este periódico que El Argentino estuvo hasta el final del proceso de paz, pero no llegó a firmar el acuerdo. Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, no quedó certificado como miembro de las FARC en proceso de reincorporación. Tras su partida, la extinta guerrilla le perdió el rastro.
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Según relata el abogado Farquet, Molares había vuelto a Argentina más o menos a finales de 2017, tras un viaje por tierra que lo llevó a Ecuador, Perú y Bolivia. “Aprendió carpintería en las FARC, construía cunas para los bebés, pero no quería quedarse en Colombia como carpintero. Descubrió que su vocación era el periodismo”, afirma el abogado. Mónica Glomba, que se define como su compañera de militancia “desde que Facundo tenía 14 años”, cuenta que a su vuelta al país empezó a escribir para la revista Centenario, una publicación de izquierda. “Viajó a Bolivia para cubrir la reelección de Evo. Era ideal: conocía Columna Digital, a la militancia y sabía manejarse. También sabía que la cosa se iba a poner complicada”, afirma en una conversación telefónica. “Hacía notas de carácter político. Las firmaba bajo el nombre de Julián Katari”, cuenta.
Julián Katari tiene apenas dos publicaciones en la página web de la revista. En una entrevista con el portal Russia Today, el director del medio, Leonardo Juárez, explica que Molares no escribió nada sobre Bolivia porque estuvo preso en malas condiciones. “La presencia de una persona con entrenamiento militar no es casual”, dijo en aquel momento el jefe de la policía local, Óscar Gutiérrez. “Ha venido contratada y eso vamos a investigar”. El Gobierno de Áñez buscó culpar a Molares de las muertes de Montero para defender la tesis de que Evo Morales había creado un grupo paramilitar para defender su presidencia.
Cuando Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales, llegó a la presidencia en noviembre de 2020, el Gobierno de Alberto Fernández le pidió personalmente interceder en la repatriación del exguerrillero. “La causa en Bolivia estaba cerrada, y cuando Argentina pide la repatriación el Gobierno boliviano solicita información a Colombia, sin encontrar nada”, afirma Mónica Gomba. “Facundo tuvo covid dos veces, tiene una pérdida de visibilidad casi absoluta en el ojo derecho y sufre de una pericarditis que le disminuye la capacidad de respiración”, relata. “Está completamente desatendido. El pedido de extradición es casi una sentencia de muerte, pero Facundo tiene siete vidas”.
Varios extranjeros se han incorporado a las filas de los movimientos guerrilleros colombianos. Manuel El Cura Pérez, un exsacerdote español que murió de hepatitis en 1998 siendo el jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la holandesa Tanja Nijmeijer, la europea de las FARC, son los casos más conocidos. Meses después de la firma del acuerdo de paz, sellado a finales de 2016, un censo de la Universidad Nacional registraba 84 guerrilleros extranjeros. La gran mayoría eran venezolanos (54), ecuatorianos (16) y brasileños (8), países que comparten fronteras con Colombia, pero también había holandeses (Nijmeijer), Francia, Chile y, precisamente, Argentina por cuenta de Molares.
La adhesión o no de Molares al acuerdo de paz será determinante para saber cómo se lo juzgará en Colombia, en caso de ser extraditado. El abogado Farquet espera que el asunto sea resuelto por la Jurisdicción Especial para la Paz, que contempla la amnistía para los firmantes del tratado. Pero si no lo firmó, el tribunal ordinario que hoy reclama a Molares puede proceder por su cuenta. Farquet sostiene que su defendido sí firmó el acuerdo, pero que como no tiene un documento colombiano. “El comisionado dice que no tiene manera de probar si es el mismo Facundo Molares”, sostiene. “La imputación tiene una razón política. Según un principio de igualdad, él debería formar parte de la amnistía. Que lo desconozcan es un detalle, pero no desconocen que estuvo en el campamento y el comisionado le dijo a la fiscalía que sí existía una persona en el listado que se llamaba Facundo Molares. Obviamente no tiene documento porque es argentino”.
Tras 15 años en la selva colombiana, uno en prisión en Bolivia y un viaje en un vuelo privado que desembocó en cinco meses en otra cárcel en Argentina, Molares prepara su último ataque. Esta vez, El Argentino necesita una buena defensa.
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