América Latina atraviesa un momento de especial gravedad. Su economía se encuentra contra las cuerdas. Sus instituciones, debilitadas y desprestigiadas. Y sus sociedades, indefensas ante un virus que está causando severos estragos. Las multitudinarias protestas que se vienen desencadenando en una larga y variopinta lista de países evidencian la creciente frustración ciudadana, que debe abordarse sin mayor dilación.
Pese a tener poco más del 8% de la población mundial, Latinoamérica cuenta con más del 30% de las víctimas mortales confirmadas por la covid-19. Con algunas excepciones, la vacunación avanza a ritmo lento: por ejemplo, en Perú (uno de los países con peores cifras de mortalidad por la covid-19 en todo el mundo), el porcentaje de población vacunada con al menos una dosis se sitúa tan solo en torno al 20%.
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El pasado año, la economía de la región cayó un 6,3%, pero lo cierto es que ya llevaba un lustro de estancamiento y menguante dinamismo. A esto se añade que muchos países latinoamericanos se encuentran entre los más desiguales del planeta, lo cual representa un caldo de cultivo para el virus y la inestabilidad política.
Los relatos fatalistas sobre Latinoamérica son contraproducentes, ya que enmascaran la heterogeneidad que caracteriza a sus sociedades y marcos institucionales, y les niega una capacidad de actuación que sin duda poseen. Sin embargo, no pueden obviarse los factores históricos y estructurales que explican el desarrollo tardío de la región en su conjunto. Tampoco su marcada tendencia a la volatilidad, que ha quedado más que patente en los últimos 30 años.
El auge democrático que experimentó América Latina a principios de los años noventa, junto con el incremento de los precios de las materias primas una década más tarde, derivó en un aumento del PIB y propició un engrosamiento de las clases medias. Pero el fin del boom de las materias primas en la segunda década del presente siglo echó por tierra buena parte de los avances económicos cosechados, lo cual repercutió negativamente sobre el clima social y político.
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Las clases medias —vectores fundamentales del crecimiento y de los equilibrios sociales— han perdido su confianza en seguir progresando e incluso temen volver a la pobreza, lo cual ha erosionado su apoyo a las instituciones democráticas. El terreno ha quedado despejado para que prosperen líderes populistas carentes de experiencia de gobierno que, tanto desde la derecha como desde la izquierda, han arremetido contra libertades civiles y el imperio de la ley. Esta preocupante deriva ha restado protagonismo a América Latina en las estructuras de gobernanza global.
No obstante, la producción de alimentos por parte de Latinoamérica, así como sus abundantes recursos minerales y energéticos, atrae la permanente atención de las grandes potencias mundiales. En particular, la región ha presenciado un repunte del comercio, la inversión y la cooperación financiera proveniente de China. Aunque no se trata de un fenómeno novedoso (el boom de las materias primas ya se debió en gran medida a la creciente demanda china), América Latina se halla hoy en una situación más expuesta y dependiente, acentuada por la pandemia.
Es evidente que los problemas de Latinoamérica deben ser abordados, ante todo, por sus propios gobernantes. Y la tarea más acuciante —más allá de la lucha contra la covid-19— es la de impulsar un nuevo contrato social. Este deberá orientarse a mitigar la desigualdad y mejorar el acceso a la salud, a la educación y demás pilares del Estado de bienestar. Los cambios deben ser lo suficientemente profundos como para volver a dignificar la política, despertando así una renovada adhesión a la democracia.


