Lecciones desde México en la COP30

La COP30 se perfila como un hito en el enfrentamiento del cambio climático, justo a una década de la firma del Acuerdo de París. Este evento no solo evalúa los avances realizados, sino que también busca delinear un camino hacia una acción climática más profunda y equitativa, centrada en las comunidades más vulnerables. Desde México, se plantea una pregunta crucial: ¿cómo asegurar que la transición energética resulte justa e inclusiva para aquellos que más la requieren?

En el contexto mexicano, se han logrado avances significativos en el acceso a la energía, promoviendo un enfoque de bienestar social. Las iniciativas impulsadas en comunidades rurales y pueblos originarios destacan que la justicia energética comienza desde la base. Es fundamental que ninguna persona sea excluida de la transición energética por su localización geográfica o situación económica.

El modelo de gestión más exitoso se basa en la participación activa de las comunidades, donde sus integrantes son los protagonistas. Se deben implementar soluciones innovadoras que aseguren el acceso a servicios fundamentales como energía, agua y saneamiento. En el ámbito energético, México ha introducido diversas soluciones, desde sistemas fotovoltaicos domiciliarios hasta instalaciones que conectan la energía solar a la red pública. Estos sistemas no solo proporcionan iluminación y refrigeración, sino que también facilitan el acceso a internet y la posibilidad de cargar dispositivos electrónicos. Por otro lado, reemplazar combustibles contaminantes, como el queroseno, es un paso esencial para reducir emisiones y mejorar la salud de las familias.

En el sector del agua y saneamiento, se han ejecutado programas adaptados a los diversos entornos, incluyendo la regeneración de fuentes de agua, captación de lluvias, y baños secos de bajo impacto ambiental. Estos proyectos promueven una resiliencia climática tangible, que se traduce en la reducción de enfermedades gastrointestinales, menor gasto en agua embotellada, y una mejora en la seguridad alimentaria.

Hasta la fecha, se han electrificado 10,200 hogares y se han proporcionado servicios de agua y saneamiento a aproximadamente 1,600 familias, principalmente en los estados de Oaxaca y San Luis Potosí. En total, más de 800 comunidades y cerca de 40,000 personas se han beneficiado de estas iniciativas desde 2012.

Este esfuerzo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Gobierno de México, como el ODS 7, que persigue el acceso a energía asequible y moderna, y el ODS 6, que se centra en agua limpia y saneamiento. Estos objetivos son claves para otros aspectos del desarrollo social, como la reducción de la pobreza y la mejora de la salud y educación.

Más allá de un simple cambio tecnológico, la transición energética debe entenderse como un proceso que reduce desigualdades y expande derechos. Llevar estos servicios básicos a los hogares rurales es una misión que requiere la colaboración de los sectores público, privado y social, con el fin de convertir la sostenibilidad en una realidad accesible para todos, y no un privilegio.

Esta narrativa cobra mayor relevancia en la medida que se acerca la COP30, que servirá de plataforma para destacar las experiencias exitosas, así como para replantear los desafíos que aún persisten en el camino hacia una acción climática justa y efectiva.

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