California está a punto de dar un paso significativo en el ámbito de la regulación de la inteligencia artificial. En una votación temprana el pasado sábado, el Senado estatal aprobó un proyecto de ley de seguridad de IA que establece nuevas exigencias de transparencia para las grandes empresas tecnológicas. Esta legislación, conocida como SB 53, fue impulsada por el senador Scott Wiener y tiene como objetivo fomentar la responsabilidad dentro de las laboratorios de inteligencia artificial.
El proyecto de ley exige que los grandes laboratorios de IA sean claros acerca de sus protocolos de seguridad y proporciona protecciones a los denunciantes que trabajan en estas entidades. Además, establece un servicio público en la nube, denominado CalCompute, con el propósito de ampliar el acceso a los recursos computacionales.
Ahora, el proyecto de ley se envía al gobernador de California, Gavin Newsom, quien tiene la opción de firmarlo o vetarlo. Hasta el momento, no ha realizado comentarios públicos sobre este proyecto. Sin embargo, el año anterior había vetado una medida más amplia sobre seguridad en IA, también presentada por Wiener, aunque aprobó otras legislaciones más restringidas que abordan temas como los deepfakes. Newsom ha expresado en el pasado la importancia de proteger al público contra los desafíos que presenta esta tecnología, pero también ha criticado el enfoque de aplicar normas estrictas a los modelos grandes sin considerar su contexto o el tipo de datos manejados.
La nueva legislación se ha moldeado en parte a partir de recomendaciones de un panel de expertos en IA que Newsom convocó tras el veto del año anterior. Recientemente, la SB 53 fue modificada para que las empresas que desarrollan modelos de IA “fronterizos” y generan menos de 500 millones de dólares anuales solo tengan que presentar informes de seguridad a un nivel general. En contraste, los que superen esa cifra deberán proporcionar informes más detallados.
A pesar del avance en el Senado, la legislación ha encontrado resistencia entre varias empresas de Silicon Valley, firmas de capital riesgo y grupos de cabildeo. En una carta reciente al gobernador, OpenAI argumentó en contra de crear requisitos duplicados y sugirió que las empresas cumplan con las normas federales o europeas en lugar de ajustarse a regulaciones estatales específicas.
Por otro lado, la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz ha expresado preocupaciones sobre la constitucionalidad de muchas de las leyes sobre IA propuestas a nivel estatal, sugiriendo que podrían violar límites constitucionales relacionados con el comercio interestatal.
Sin embargo, la empresa Anthropic ha expresado su apoyo a la SB 53, declarándose a favor de un estándar federal, pero reconoce que, en ausencia de ese marco, el proyecto de ley en cuestión podría servir como un modelo sólido para la gobernanza de la IA.
Con la atención centrada en el gobernador, el futuro de esta legislación clave seguirá siendo un tema de debate y una influencia crítica en el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial en California y más allá, conforme a la información disponible hasta ahora. Este contexto es crucial para comprender cómo las regulaciones en esta área están en constante evolución.
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