El Senado de la República ha recibido un nuevo documento denominado “Plan B” en materia electoral, presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta propuesta, que surge después del rechazo por parte del Congreso de su iniciativa de reforma electoral, busca limitar las remuneraciones de los dirigentes de partidos y de funcionarios electorales, en un intento por reducir lo que se considera como privilegios dentro de la burocracia política.
Este “Plan B” fue entregado por Juan Ramiro Robledo, enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Su presentación se da justo una semana después de que la reforma previa, que tenía como objetivo reducir el presupuesto destinado a los partidos y limitar su poder en la selección de candidatos, fue desestimada debido a su necesidad de modificar la Constitución.
La estrategia de Sheinbaum se centra en la modificación de leyes constitucionales y secundarias que no impactan los intereses de sus aliados tradicionales, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes ya han manifestado su apoyo a las propuestas. En declaraciones recientes, el diputado morenista Ricardo Monreal confirmó que el “Plan B” no incluirá la consulta popular sobre temas electorales como los plurinominales y el financiamiento a partidos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ignacio Mier Velazco, ha calificado la propuesta de congruente con los principios de austeridad republicana, subrayando que respeta tanto el federalismo como el municipalismo, además del régimen anterior de los estados. Según Mier Velazco, el proceso legislativo del “Plan B” será ordinario y no se le otorgará un tratamiento acelerado.
La propuesta, que incluye poner topes a las remuneraciones de los jefes de partidos para que no superen el salario de la presidenta, busca mayor transparencia en las finanzas de las campañas políticas. Además, una de las iniciativas plantea formalizar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda para investigar fuentes sospechosas de financiamiento.
Dentro de los cambios sugeridos también se contempla el establecimiento de topes salariales y la reducción de prestaciones para los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y para los miembros de los tribunales electorales. Incluso se ha propuesto un recorte progresivo del 15% al presupuesto del Senado.
Sheinbaum ha dejado claro que su objetivo principal es minimizar el gasto en procesos electorales y en el funcionamiento de los partidos políticos, reiterando en conferencias que es indispensable ajustar el uso de recursos públicos en este ámbito. Adicionalmente, se busca reducir el tamaño y gasto de la burocracia de representación, lo que incluye la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos y un tope presupuestal para los Congresos estatales, que no podrá exceder el 0.7% del presupuesto del respectivo estado.
Finalmente, la reforma también propondrá una expansión del plazo que los ciudadanos tendrán para solicitar un referéndum de revocación de mandato del presidente o de gobernadores, una figura promovida en su tiempo por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Con estas medidas, el “Plan B” parece estar diseñado para alinear el sistema político mexicano hacia una mayor transparencia y responsabilidad fiscal, aunque su implementación aún está en proceso legislativo.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
