El panorama del periodismo en México es alarmante y revela un momento crítico para la libertad de expresión. Entre enero y julio de 2025, se registraron 39 periodistas y 12 medios de comunicación en medio de 51 procesos judiciales y administrativos en su contra, según revelaciones de la organización Artículo 19. Este fenómeno no es aislado; se ha identificado un patrón sistemático destinado a amedrentar a la prensa crítica, según las palabras de Leopoldo Maldonado, director regional de la organización para México y Centroamérica.
Los datos son preocupantes. Cada cuatro días, un periodista enfrenta una demanda, evidenciando un incremento sin precedentes del acoso judicial, que se define como el uso del sistema de justicia para intimidar a comunicadores. El año 2025 ya ha superado las cifras de años previos, ofreciendo una tendencia alarmante: en 2015 solo se registró un caso; en 2018 fueron 21, en 2020 subieron a 39, y en 2021 alcanzaron 40. Ahora, en los primeros siete meses de 2025, han llegado a 51.
Las jurisdicciones más críticas son la Ciudad de México, con 9 casos, y Veracruz, que supera con 10. Otros estados como Jalisco, Campeche, Oaxaca y Puebla también cuentan con varios episodios de denuncias. La mayoría de los procesos judiciales se encuentran en el ámbito electoral (26 casos), seguidos por el penal (14) y el civil (11). Además, los denunciantes son en gran medida funcionarios públicos y partidos políticos, lo que añade una capa de preocupación sobre la independencia y seguridad de los comunicadores.
Un aspecto alarmante que debe ser señalado es el uso de la violencia de género como una herramienta para atacar a periodistas. De los 51 casos reportados, 25 están relacionados con denuncias de violencia contra la mujer. Este tipo de acusaciones están siendo utilizadas para presionar a los medios, aprovechando la rapidez del proceso especial sancionador electoral, que puede requerir la eliminación de contenidos en cuestión de horas tras una denuncia.
A su vez, esta dinámica genera un alto índice de impunidad. Las agresiones contra periodistas, en un 90% de los casos, no reciben respuesta adecuada por parte de las autoridades, que parecen emplear recursos del ministerio público para perseguir a comunicadores aislados en lugar de atender delitos graves.
El impacto de este acoso judicial va más allá de casos individuales; directamente afecta a la democracia en México. La intimidación limita la libertad de expresión y restringe el derecho de la ciudadanía a estar informada, debilitando así los contrapesos necesarios en una sociedad que ya enfrenta altos niveles de violencia contra la prensa.
Los datos aquí presentados corresponden a la fecha de publicación original, el 28 de agosto de 2025, y reflejan una realidad que exige atención urgente y medidas efectivas para proteger a quienes ejercen el periodismo en el país.
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