El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, no tiene intención de dimitir para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde hace dos años y medio de un acuerdo entre el Ejecutivo y el PP. Así lo ha expuesto Lesmes a sus colaboradores, según fuentes del Consejo, ante los rumores que desde julio han venido circulando en el sentido de que dada la actual situación de bloqueo se estaría planteando la renuncia para hacer necesario el acuerdo.
Lejos de esa estrategia, en el Consejo se abren paso otro tipo de propuestas, como la de proceder a una serie de nombramientos de altos cargos judiciales que por su carácter provisional no supongan una vulneración de la prohibición legal de efectuar designaciones en esta fase de gobierno en funciones del Poder Judicial. Una iniciativa concreta en este sentido se pondrá sobre la mesa en el pleno que el Consejo va a celebrar a mediados de septiembre: algunos vocales plantearán la posibilidad de “llamar a filas” a magistrados jubilados.
La posibilidad de una dimisión de Lesmes como presidente del Consejo y del Supremo fue planteada en julio por una representación de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) que acudió a visitarle a su despacho para proponérselo. Lesmes se limitó a escuchar la propuesta y no dio respuesta alguna. No obstante, fuentes del Consejo aseguran que su presidente ha dejado claro en las últimas horas que no está dispuesto a renunciar, por estimar que su dimisión no supondría ninguna solución al bloqueo, sino que agravaría el problema sin garantía alguna de que Gobierno y PP pudieran superar sus diferencias.
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Ante la proximidad del acto solemne de apertura del año judicial, el próximo lunes 6 bajo la presidencia del Rey en el Supremo, ha vuelto a plantearse esta hipótesis en el Consejo, y Lesmes ha reiterado a sus colaboradores que en ningún caso va a renunciar. El presidente del Consejo no solo va a denunciar en su discurso que la falta de renovación implica “debilitar la independencia judicial”, sino que además va a pedir que no se culpe al Consejo del bloqueo, porque la institución no es parte responsable, sino perjudicada.
En paralelo, entre algunos vocales circula la propuesta de que el Consejo afronte el problema de la pérdida de competencias para efectuar nombramientos discrecionales, una de sus principales atribuciones, y ponga en marcha soluciones imaginativas para sortear el problema de las plazas que van quedando vacantes, por las distorsiones que ello genera. Una propuesta es la de movilizar a magistrados actualmente jubilados. El “llamamiento a filas” se produciría inicialmente con respecto a jueces del Supremo y probablemente de los Tribunales Superiores de Justicia que habiendo rebasado ya los 72 años —edad de permanencia máxima en la carrera en situaciones normales— no hayan superado aún los 75, para que pudieran reincorporarse a la plaza que dejaron al jubilarse y que no se haya cubierto.
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Solo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo hay siete vacantes por fallecimiento o jubilación. En los próximos meses, esta Sala debe decidir, por ejemplo, sobre los recursos presentados contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el procés, y la que ha de resolver la impugnación contra la designación de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Aún no puede asegurarse que haya consenso en el Consejo sobre la propuesta de la reincorporación de magistrados jubilados, que tendría carácter temporal hasta que se produjera la renovación. Pero su mera existencia se ve en el órgano de gobierno de los jueces como expresión de la gravedad de la situación y los problemas que provoca la imposibilidad de cubrir plazas mediante nombramientos en los principales órganos judiciales.
