La Ley 3 de 3 contra la violencia, una iniciativa creada por ciudadanos para exigir a los funcionarios públicos la transparencia en sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, está atorada en el Senado tras un pleito por el INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información). Desde su presentación en 2016, la ley ha generado debates y controversias en el ámbito político, ya que se busca combatir la corrupción y la impunidad en México, una problemática que atenta contra la tranquilidad y seguridad de la población.
Entre las preocupaciones más relevantes se encuentra la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de los servidores públicos. La corrupción genera un efecto dominó que afecta a la economía, a la justicia y a los derechos humanos. Además, esta iniciativa busca frenar la violencia en contra de las mujeres y erradicar la cultura de la impunidad, elementos que forman parte del tejido social.
Otro de los temas importantes que surgen con la Ley 3 de 3 es el abuso de poder y la falta de sanciones para los delitos cometidos por funcionarios públicos. Con la iniciativa, se propone fortalecer la fiscalización a los servidores públicos y combatir la corrupción en todos sus ámbitos. De igual forma, se busca fomentar una cultura de transparencia en la administración pública y promover el acceso a la información para toda la sociedad.
A pesar de los esfuerzos de diferentes organismos y ciudadanos por impulsar esta ley, aún persiste la falta de voluntad política para llevarla a cabo. La democratización y la transparencia en el manejo de los recursos públicos son imprescindibles para construir un país más justo y seguro para todos los ciudadanos.
En conclusión, la Ley 3 de 3 contra la violencia es una medida necesaria para combatir la corrupción y la impunidad en México. Sin embargo, el proceso de implementación ha sido obstaculizado por distintas polémicas y posiciones políticas que atentan contra el bienestar social. Es fundamental que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas como valores indispensables de la administración pública, para construir un país más fuerte y con mayor confianza ciudadana en las instituciones.
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