En el número 910 de la avenida Explanada la sangre se escurre por las paredes claras. También está manchada la puerta negra de la sede que el Gobierno del Estado de México tiene en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más acomodados de la capital. En rojo se lee amnistía, justicia y libertad. Con su propia sangre, decenas de mujeres han escrito lo que llevan meses pidiendo: la excarcelación de sus hijos, hermanos o esposos que están “injustamente presos”.
Fueron víctimas de torturas, fabricaciones de delitos o irregularidades en sus procesos penales, según ha dejado acreditado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). La mayoría de ellos son jóvenes, de entornos sociales muy humildes y de piel morena. “En el Estado de México se criminaliza la juventud, la pobreza y lo indígena”, apunta el abogado Antonio Lara, del centro Zeferino Ladrillero. Un informe de esta organización calcula que en el Estado de México hay más de 19.000 personas privadas de libertad que no tuvieron derecho a un proceso justo y regular.
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En 2015, Antonio Candelaria tenía 22 años, estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Londres e iba a clases de teatro. También trabajaba de taxista para costear sus estudios. Ahora, Antonio Candelaria tiene 27 años y pasa desde hace seis los días en la cárcel. Fue detenido el 20 de abril de 2015 en el centro comercial Mundo E, en Ciudad de México. “En el vídeo de seguridad se ve cómo se lo llevan hombres y mujeres sin uniforme. Nosotros pensamos al principio que era un secuestro”, cuenta su madre, Alicia Reyes.
Después de tres días sin noticias, Antonio llamó desde la prisión federal de Nayarit donde estaba arrestado: lo acusaban de secuestro, vinculación al crimen organizado y extorsión. A Reyes se le quiebra un poco la voz cuando relata que en las 72 horas que ellos lo buscaban por calles y hospitales, su hijo había sido rapado y amenazado con una pistola, ahogado con una toalla mojada, había recibido toques eléctricos, se había desmayado y los golpes lo habían levantado de nuevo.
La policía quería que confesara que formaba parte de un cartel, pero nunca firmó la hoja en blanco. “Tuvieron que abrir una carpeta de investigación por tortura, pero no le dieron seguimiento”, narra Reyes. El juez federal encargado del caso se declaró incompetente y, a los tres meses, Antonio ingresó en el penal de Barrientos, en el Estado de México. Ya solo le achacaban el delito de extorsión. En un juicio oral, en el que la familia acusa que no tuvo la defensa adecuada, lo condenaron a 43 años que, tras un amparo, se convirtieron en 40.
