Shokot, de 33 años, salió de Bangladés en 2009 y pasó por más de 10 países antes de recalar en España hace algo más de tres años. Después de ese plazo, la ley de extranjería da opciones para que los inmigrantes en situación irregular consigan sus papeles, pero, en ese punto, Shokot se encontró con el enésimo obstáculo para estabilizarse: necesitaba un contrato de trabajo a jornada completa, de un año, y con una empresa sin deudas con Hacienda ni la Seguridad Social. El hombre, que como el resto de protagonistas de este reportaje pide que no se publique su verdadero nombre, acabó pagando por fingir ese deseado acuerdo laboral. No se siente orgulloso de haberlo hecho y le da miedo contarlo, pero mantiene que no tuvo otro remedio. “Era imposible conseguirlo”, asegura.
Los contratos de larga duración son raros en el mercado de trabajo español y aún más para los inmigrantes sin papeles porque las exigencias y el papeleo para los empleadores son un engorro. Además de no tener deudas, los jefes deben demostrar su solvencia y esperar meses hasta que su futuro empleado reciba el visto bueno de la Administración. Suele ser una fórmula habitual con las empleadas domésticas que, aunque son invisibles para el sistema, trabajan durante tres años de forma irregular hasta que sus jefes pueden contratarlas. Pero en general es más fácil y ágil contratar a alguien con todo en regla.
Shokot buscó ese contrato con una empresa impoluta durante meses y no lo consiguió. Harto, decidió comprar un contrato en un restaurante regentado por españoles. Le costó 3.000 euros y una cuota de 310 euros al mes que compensaba los gastos de sus falsos jefes por su cotización. Sus papeles salieron el pasado mes marzo y, en seguida, su situación se despejó: hoy sí tiene un contrato indefinido en otro restaurante, cobra 1.100 euros y busca piso para salir del apartamento en el que vive con otras nueve personas.
Las exigencias que impone la ley a los inmigrantes siempre se reflejan en un mercado negro del que se lucran oportunistas extranjeros y españoles. El negocio y los precios se adaptan según la coyuntura. Cuando no hay citas para hacer trámites de extranjería, se venden. Si hay más dificultades para conseguir un empadronamiento, se vende. Y si el mercado laboral pone cada vez más difícil conseguir un contrato estable, se vende. No hay cifras oficiales para dimensionar esta práctica —no es en absoluto mayoritaria, advierte una fuente de la Administración—, pero es una oferta que siempre encuentra una demanda desesperada. Según el Ministerio de Trabajo, la simulación de una relación laboral se da tanto con españoles como con extranjeros, para obtener prestaciones de forma indebida o una autorización de residencia y trabajo. Tampoco Trabajo lo considera un “fenómeno frecuente” y por ello no hay inspecciones específicas para identificar estos fraudes en el caso de los extranjeros.
“Si alguien piensa que le van a dar una oferta de trabajo sin pagar es tonto”, se queja Niaz, otro bangladesí de 25 años. El joven, que lleva cinco años en España sin papeles, acaba de vender su móvil, su bicicleta y su mochila de repartidor precario en una aplicación. Está ahorrando y necesita dinero, no solo para sobrevivir después del golpe de la pandemia, sino para comprarse un contrato y regularizarse. Se lo ha ofrecido una frutería de bangladesíes, a los que tendrá que pagar 6.500 euros si finalmente aprueban su solicitud y 450 euros al mes de cotizaciones. Mientras, trabaja de lo que puede, que no es mucho. Su principal fuente de ingresos es otra frutería que le paga en negro 25 euros al día por trabajar de ocho de la mañana a diez y media de la noche. “Si consigo ahora los papeles puedo tener un buen trabajo”, confía. “Hay que cambiar el sistema. Quien quiere regularizarse necesita muchos requisitos, pero, aunque los consigamos, el contrato de un año es imposible sin papeles. Nadie te lo da, es un negocio. Si las empresas ganan 6.000 euros por hacerlo falso, ¿por qué iban a dármelo de verdad?”, reclama.
La exigencia de este tipo de contrato laboral es uno de los supuestos que el ministro José Luis Escrivá se ha planteado estudiar en su plan de cambiar la ley de extranjería para eliminar barreras que traban vivir y trabajar legalmente en España. Este cambio normativo, prometido en febrero de 2020, no tiene plazo.
El mercadeo, además de fraude, conlleva abusos. Los migrantes acaban pagando por contratos a empresas que saben que no cumplen los requisitos, pero cuando les deniegan los papeles los jefes se niegan a devolver el dinero. En Valencia, una sentencia de 2018, condenó a seis meses de prisión a un español por estafar a cuatro extranjeros a los que cobró 1.200 euros por cada contrato en una empresa de la construcción. En todos los casos se les denegó la autorización de residencia por arraigo social porque la empresa carecía de solvencia alguna no tenía trabajadores, arrastraba deudas y sus contratos no tenían “ningún fundamento real”.
También le ocurrió a Lamin, un gambiano de 38 años, que recoge hortalizas en los invernaderos de Almería. “Me lo ofreció en 2017 un hombre que dijo que era abogado. Era un contrato para recoger tomates y me costó 1.500 euros”, recuerda. Rechazaron su solicitud y cuando pidió explicaciones le dijeron: “El dinero lo has perdido. Si no te parece bien llama a la policía”. Lamin, claro, nunca llamó, aunque pidió ayuda a la organización Cepaim para que mediase por él. Aún hoy, cuatro años después, y todavía en situación irregular, pregunta antes de terminar la videollamada: “¿Tú podrías recuperar mi dinero?”.
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