En el contexto de las telecomunicaciones en México, se observa un notable cambio de un modelo de mercados competitivos hacia uno en el que el gobierno federal busca convertirse en operador, regulador y autoridad a la vez. Se plantea una grave inquietud ante la Iniciativa con proyecto de Decreto que propone la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual podría tener efectos adversos sobre la inversión futura, además de que podría contradecir tratados internacionales de los que México es parte.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información (Canieti) destaca que esta iniciativa revela una preocupante falta de mecanismos ordinarios de defensa para la industria, que se vería obligada a recurrir únicamente al amparo indirecto, sin suspensión, ante posibles violaciones y sanciones impuestas por la autoridad. Este escenario plantea la posibilidad de un aumento en la discrecionalidad, ya que las decisiones quedarían en manos de una sola persona al frente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
El diagnóstico de Canieti señala que la ATDT se convertiría en la única entidad federal encargada del despliegue de la infraestructura, generando un clima de inseguridad jurídica para los concesionarios sobre sus contribuciones y contraprestaciones. Además, se enfatiza que, lejos de corregir los excesos de la legislación vigente, la nueva propuesta parece exacerbarlos.
Los principales puntos de preocupación de la industria incluyen:
1. Un sistema institucional centrado en una sola persona dependiente del Ejecutivo Federal.
2. La posibilidad de otorgar concesiones comerciales al gobierno para competir directamente en el mercado minorista.
3. La asignación directa de concesiones de espectro radioeléctrico a entidades del Ejecutivo sin contrapartida.
4. La eliminación de la definición de neutralidad en la competencia, lo que podría resultar en un regime de exclusión para el Estado como concesionario comercial.
5. Amplias facultades regulatorias conferidas a la ATDT, que pueden comprometer la autonomía de la autoridad de competencia.
La iniciativa también permite otorgar autorizaciones para uso del espectro radioeléctrico sin licitación pública, lo cual podría impactar negativamente la dinámica del sector. A pesar de que la regulación se encuentra en discusión, la comunidad empresarial pide que los involucrados colaboren en la creación de una legislación que beneficie tanto a la industria como a los usuarios.
En otro ámbito, las preocupaciones sobre la corrupción en Pemex han llevado al fondo de inversión noruego Norway Wealth Fund a liquidar sus inversiones de renta fija en la empresa mexicana. El consejo de ética del fondo ha señalado que hay evidencias de posibles actos de corrupción vinculados a Pemex en el transcurso de los años, lo cual agrava aún más la ya delicada situación financiera de esta estatal. El destino de Pemex ahora depende estrechamente del gobierno mexicano, a quien recibiendo soporte financiero total.
La situación actual de ambas temáticas subraya la necesidad imperante de un diálogo constructivo que proteja la inversión y promueva un ambiente seguro y equitativo para la industria, siempre en el marco de legalidad y transparencia.
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