La Fiscalía de Jalisco informó que hasta el momento han sido liberadas 32 de las 39 personas detenidas tras la protesta por la calidad y el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las últimas nueve personas recuperaron su libertad después de las 18:00 horas del lunes, con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite continuar con las investigaciones sin mantener a las personas en prisión.
Entre los liberados se encuentran Martín Itzcóatl “N”, Luis Fernando “N”, Alejandro Daniel “N”, Miguel Ángel “N”, Miguel Maximiliano “N”, Martha “N” (también identificada como Mariana “N”), Iker Ricardo “N”, Jorge Ignacio “N” y Daniel “N”.
Familiares y organizaciones civiles han cuestionado la cifra oficial de 39 detenidos, pues mencionan que fueron 54 personas arrestadas. Amnistía Internacional recabó información que indica al menos 50 detenidos, basándose en testimonios de colectivos, testigos y periodistas. La organización señaló que las autoridades han mantenido hermetismo sobre el número exacto de detenidos y liberados.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco visitó la Fiscalía estatal y confirmó la detención de 39 personas. La manifestación se realizó el domingo 11 de octubre para exigir soluciones a la contaminación, abastecimiento y calidad del agua en la región.
El Gobierno de Jalisco estimó que participaron alrededor de 10 mil personas, aunque el coordinador general de Seguridad estatal, Roberto Alarcón, calculó 4 mil 500 asistentes en el recorrido entre la glorieta de La Minerva y Casa Jalisco. La administración estatal indicó que la marcha fue pacífica durante las primeras dos horas, pero después un “grupo de choque” de aproximadamente 400 personas, ajeno a la protesta, generó violencia.
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, afirmó que algunos integrantes de ese grupo estaban encapuchados y portaban palos y piedras, además de que retiraron vallas frente a Casa Jalisco y agredieron a policías. Hernández declaró que los agentes usaron "uso escalonado de la fuerza" tras ser atacados con cloro, cohetones y bombas de gas.
El Gobierno estatal reportó 28 policías lesionados, tres de ellos trasladados para atención médica y dos en estado grave, uno con fracturas en cráneo, pómulo y nariz, y otro con desprendimiento de un dedo. También 31 civiles recibieron atención médica.
El gobernador Pablo Lemus señaló que miles de personas participaron pacíficamente y atribuyó los enfrentamientos a la llegada del grupo violento. Indicó que el enfrentamiento duró alrededor de tres horas y ordenó revisar las detenciones y analizar videos para detectar posibles excesos policiales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio y el gobernador aseguró que su administración colaborará con la información que se requiera. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al gobierno de Jalisco explicar las razones de las detenciones y revelar la identidad de los detenidos, tras denuncias de familiares que no pudieron localizarlos.
Sheinbaum cuestionó el uso de la fuerza y pidió aclarar si se emplearon agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes. La relatora especial de la ONU, Gina Romero, expresó preocupación por el uso excesivo de la fuerza y pidió una investigación pronta e independiente sobre posibles violaciones a derechos humanos.
Amnistía Internacional exigió una investigación rápida y sanciones para los responsables de posibles actos de represión. La organización informó que entre los detenidos hay adultos mayores, menores y periodistas, y que algunas detenciones involucraron policías, antimotines y personas de civil. También indicó que algunos detenidos no participaron en la protesta.
La movilización surgió por denuncias de habitantes sobre problemas de agua contaminada en al menos 320 colonias desde marzo, con presencia de bacterias, metales pesados y mal olor. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo denunció la situación tras analizar muestras.
El gobernador Lemus anunció la clausura temporal de la presa de Las Pintas, señalada como fuente de contaminación, y dijo que la suspensión está dando resultados. También informó que se trabaja en la modernización de la planta potabilizadora número uno y que está pendiente la aprobación de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara.
Respecto a la posible participación privada en el servicio, Lemus aseguró que “el agua no se privatizará, el servicio no se entregará a ninguna empresa y definitivamente no subirán las tarifas que pague la gente”.
Datos basados en información reportada originalmente por aristeguinoticias.com mexico.
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