Han pasado 365 días desde que agentes policiales reprimieran a 93 personas, la mayoría mujeres estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes habían salido a las calles a reclamar su derecho a la educación.
Los estudiantes se habían congregado en la caseta de cobro del municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas, el estado con la tasa de pobreza más alta de México, para repartir volantes con información escrita sobre su simple exigencia: que los exámenes de nuevo ingreso a la Escuela Normal se realizaran de forma presencial y no virtual, porque muchas personas que aspiran a estudiar ahí viven en zonas remotas, con poco o nulo acceso a internet o una computadora.
La respuesta de la policía ante su demanda fue represiva y desproporcionada. De acuerdo con diversos testimonios recogidos por Amnistía Internacional, las y los estudiantes protestaban pacíficamente, sin obstaculizar el tránsito ni efectuar daños a propiedad pública o terceros.
Según las denuncias penales que presentaron varias manifestantes, los agentes de la policía estatal les jalaron el cabello, las sujetaron del cuello, las golpearon en la cabeza, la espalda y el abdomen, y las patearon en las costillas. A algunas les quitaron el cubrebocas sin su consentimiento y con fuerza innecesaria, a varias más las insultaron con lenguaje racista, clasista y misógino. Las llamaron “perras”, “putas” y “zorras” por atreverse a protestar, les dijeron que no tenían derecho a estudiar y que “ojalá aprendan la lección”. Cuando un grupo de estudiantes se refugió en un autobús, agentes policiales rompieron la puerta y lanzaron gas lacrimógeno al interior, una vez más haciendo uso ilegal y desmedido de la fuerza.
En total detuvieron a 93 estudiantes: 19 hombres y 74 mujeres, además de otros dos adolescentes que no eran estudiantes. Varias de las detenidas dijeron que los policías las acosaron, las amenazaron con desnudarlas a la fuerza y con otras formas de violencia sexual. Una manifestante denunció que, al subirla al transporte, un policía le ordenó ponerse boca abajo, metió la mano entre sus piernas y le tocó la vagina. Otras denunciaron que policías mujeres les tocaron las nalgas, los senos y la vulva.
A algunas manifestantes detenidas las sometieron a tortura psicológica. Hicieron alusiones a la infame desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, diciéndoles que “ya no iban a ser 43″ normalistas desaparecidos, “sino 95″. La referencia a una de las peores atrocidades de la historia moderna de México fue escalofriante.
“Íbamos temblando de pánico, de no saber qué nos iba a pasar. Nos agarrábamos de la mano, y me decían: ‘Yo no me quiero morir, yo tengo una vida por delante”, contó a Amnistía Internacional una estudiante, quien pidió reserva a su identidad por razones de seguridad.
El acceso a la educación es un derecho humano fundamental. En comunidades remotas y marginalizadas, escuelas como Mactumactzá y Ayotzinapa representan un bastión para la formación de personas que se convierten en agentes de cambio positivo. Son fuentes vitales de superación y subsistencia en zonas donde las alternativas suelen ser la migración forzada, la delincuencia organizada o trabajos en condiciones precarias.
Aunque la Fiscalía General del Estado de Chiapas desistió eventualmente de la acción penal contra los 95 estudiantes detenidos hace un año en Mactumactzá, todavía persiste entre ellos un temor generalizado de volver a manifestarse
Los estudiantes de Mactumatzá protestan con frecuencia para que se abran más lugares en la escuela, o para que se garanticen los apoyos económicos que les permitan comer, transportarse o comprar sus materiales escolares. Exigir que los exámenes de ingreso no sean exclusivamente virtuales es parte de su lucha constante para acceder a condiciones educativas dignas.
El derecho a la protesta pacífica está bajo ataque, tanto en México como en gran parte de América Latina y el Caribe. Las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza e incluso los homicidios ilegítimos son algunas de las tácticas represivas a las cuales recurren las fuerzas de seguridad en varios países de la región para castigar y disuadir a quienes se atreven a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y la reunión pacífica.
En el caso de Mactumactzá, la estigmatización y la violencia contra estudiantes ejemplifica una tendencia que Amnistía Internacional ha documentado en la represión de mujeres que protestan en México, incluyendo el empleo de violencia sexual como forma de opresión por parte de autoridades a cargo del control del orden público en diversas partes del país.
La criminalización es otra táctica común para desincentivar las manifestaciones. Aunque la Fiscalía General del Estado de Chiapas desistió eventualmente de la acción penal contra las 95 personas detenidas, todavía persiste entre ellas un temor generalizado de volver a manifestarse. Mientras tanto, las violaciones de derechos humanos que cometieron los policías ese día han quedado impunes ya a un año de los hechos.
Las autoridades mexicanas, en cada rincón del país, deben cesar sus prácticas represivas hacia quienes ejercen el derecho a la protesta. Además, deben realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre las denuncias y reportes de violencia sexual afrontadas por las mujeres que participaron en la protesta el 18 de mayo de 2021, para garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación integral del daño.
No podemos permitir que el miedo venza nuestro derecho legítimo a la protesta pacífica. Salir a la calle y levantar la voz en defensa de los derechos humanos siempre será un acto valiente, pero todas las personas deberíamos poder hacerlo sin temor a represalias.
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