Transcurre en estos momentos en la palestra pública una interesante discusión sobre los alcances y las responsabilidades que vienen con el mando.
¿La razón? La tragedia del colapso en la Línea 12 del Metro.
Como ha informado la OEM, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó ante un juez de control imputaciones contra 10 personas físicas implicadas en el evento por homicidio, lesiones y daño culposo.
Un peritaje hecho por la Fiscalía encontró que pernos en el tramo que se derrumbó no se colocaron y que los que sí, estaban mal, así como el uso de materiales no adecuados para las instalaciones y malas soldaduras. Todo esto en un marco de falta de supervisión de mandos medios y medios altos.
El imputado de más alto nivel sería Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, ya inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 20 años desde 2014, seguido de directores, subdirectores y supervisores en la obra.
Sobre una persecución judicial en contra de quien fuera jefe de todos ellos, Marcelo Ebrard, parece que no habrá nada.
Aquí habría que hacer distingos sobre el tipo de responsabilidades que acompañan a una tragedia como la de la Línea 12.
Primero, las jurídicas, esas deben quedar documentadas y probadas. Dado el cargo de Ebrard al momento de la construcción resulta difícil pensar –y más difícil de probar– que el funcionario estaba al tanto de pernos y soldaduras mal ejecutados.
Marcelo Ebrard lo sabe y declaró que dentro de sus alcances había actuado con probidad, por lo que no temía investigaciones en su contra.
Sin embargo, es innegable que recaen responsabilidades políticas en el hoy secretario de Relaciones Exteriores y una de las cartas más fuertes del morenismo para continuar el proyecto de la 4T en 2024.
La reflexión sobre este segundo tipo de responsabilidades, las políticas en torno a eventos graves, viene muy a cuenta en estos tiempos, especialmente con las 5 millones de muertes globales por Covid-19 al momento.
Por ejemplo, en Brasil, un panel de senadores pretende recomendar a la justicia de aquel país endilgarle cargos por homicidio en masa de 300 mil brasileños al impresentable presidente Jair Bolsonaro por su decadente manejo de la pandemia, el cual consistió en negar la existencia del virus, criticar los tapabocas, entorpecer la distribución de vacunas e incitar a reuniones masivas.
Sus acciones, según refiere un reporte hecho por el panel y que se filtró a la prensa, condujeron a miles de muertes que pudieron prevenirse.
Por descontado se puede referir que por más que se haya comportado como un imbécil, no se puede atribuirle responsabilidades judiciales sobre las miles de muertes de brasileños por el virus a Jair Bolsonaro; sin embargo, al señalarlo como responsable político, la acusación va más por el camino de entorpecerle su próxima campaña de reelección.
Como bien recordó durante la semana el columnista de Milenio –y mi maestro– Carlos Puig, hace algunos años Arturo Zaldívar, hoy presidente la Suprema Corte, escribió:
“Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son causantes de los éxitos, pero también lo son de los errores graves que se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los errores también”.
En este sentido, la 4T intenta ignorar del todo las responsabilidades políticas que innegablemente conlleva su papel en la Línea 12 y por su puesto en cuanto a los muertos por el virus durante su guardia.
Funcionarios del gobierno en turno no tienen empacho en tomarse fotos al inaugurar aeropuertos, líneas de Metro y recibiendo cargamentos de vacunas. Sería un error darles completa amnistía cuando la tortilla se les voltea.
