La cicatriz de Querétaro aún se puede sentir en el fútbol mexicano. El episodio de violencia del 5 de marzo en el Estadio La Corregidora, que dejó 26 heridos, decenas de escenas de brutalidad y más de 30 detenidos, ha puesto la mira sobre las barras bravas mexicanas. En un primer balance, los dirigentes habían detectado a 27.977 hinchas radicales. Después de la tragedia en la que se veían hombres noqueados y empapados en sangre, las autoridades de la Liga MX pidieron un registro para todos los supuestos grupos de animación. Solo la mitad de ellos, 14.370, estuvieron de acuerdo en regularizarse.
Mikel Arriola, presidente de la Liga mexicana, presentó un primer balance de las medidas para evitar episodios de violencia en los estadios 72 días después de aquella funesta tarde de fútbol. La seguridad en los estadios dependía de la seguridad privada que contrataba cada club y de la que solicitaba a las autoridades locales. Ahora, los clubes deben tener por obligación miembros de la fuerza pública, entre ellos de la Guardia Nacional, la cual fue cuestionada por mantener un cuartel a menos de un kilómetro del campo de Querétaro y no intervino. El personal de seguridad pública aumentó un 41,1% durante los últimos meses. Una de las causas de la batalla campal de marzo pasado era la deficiente capacidad del personal de seguridad privada que, al verse rebasados, tuvieron que abrir las puertas que dividían a los hinchas locales y los de Atlas.
Una de las primeras medidas que impuso el fútbol mexicano fue la de prohibirle la entrada a los hinchas radicales a los estadios visitantes. Le negaron, a toda costa, a los aficionados de Querétaro ir a apoyar a sus jugadores, una medida innecesaria debido a que el Estadio La Corregidora recibió un veto de un año. La directiva del club fue expulsada y se ha puesto en venta al equipo. Hasta el momento no hay propuestas. Arriola ha promovido el uso del Fan ID, un registro en línea en el que se pide a los aficionados una fotografía y su nombre para identificarlos dentro de los estadios. La medida, que ya impusieron Atlas y Santos Laguna, se pondrá en marcha en todo el fútbol mexicano a partir del nuevo torneo, que arranca en julio próximo. Los dirigentes han asegurado que los datos personales “no se los quedará la Liga” y han mantenido relación estrecha con las autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Un dato que ha levantado la ceja de la suspicacia es que, pese a los hechos en Querétaro, ha aumentado el número de aficionados normales en las tribunas. De la primera fecha a la novena, donde ocurrió la violencia, se registró un promedio de aficionados de 132.510. De la décima hasta la decimoctava aumentó a 147.697, un aumento del 11,5%. Lo que es cierto es que no han ocurrido golpizas generalizadas. Las autoridades han expulsado, desde entonces, 654 personas de los estadios por mala conducta.
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