La reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación marca un hito relevante en el ámbito de la infraestructura en México. El reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que incluye 320 artículos y 12 puntos transitorios, establece un marco regulatorio que promete transformar la manera en que se estructuran y evalúan los proyectos de infraestructura en el país. No obstante, la implementación de este reglamento no se prevé antes de septiembre.
La normativa, que entra en vigor inmediatamente tras su difusión, tiene como objetivo desarrollar las disposiciones de la nueva ley, enfocándose en la planificación y seguimiento de iniciativas que buscan el desarrollo social. Un aspecto central de esta ley es la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE), que abarca diferentes estructuras jurídicas como sociedades y fideicomisos, facilitando la colaboración entre los sectores público, privado y social. Sin embargo, su constitución no generará automáticamente obligaciones para el Gobierno Federal, lo que introduce un modelo de inversión más flexible.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) jugará un papel crucial en esta nueva estructura. Dentro de un plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del reglamento, deberá emitir lineamientos y criterios técnicos que posibiliten la adecuada implementación de la ley. Esto incluye metodologías de evaluación, análisis de riesgos y otros mecanismos operativos necesarios para garantizar la eficacia de los proyectos.
Uno de los componentes más destacados de este reglamento es la instauración del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura. Este consejo, presidido por el Ejecutivo Federal, estará compuesto por representantes de diversas secretarías, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar y aprobar proyectos que puedan recibir apoyo gubernamental. Sin embargo, es importante señalar que sus decisiones no implicarán automáticamente una autorización presupuestaria, la generación de deuda pública o la asunción de obligaciones financieras por parte del gobierno.
Los efectos de esta nueva normativa también se reflejarán en la posibilidad de vincular el patrimonio de los VPE con activos de infraestructura de largo plazo en áreas cruciales como el transporte, la energía, la educación y las telecomunicaciones. Estas medidas buscan no solo impulsar el desarrollo de la infraestructura del país, sino también potenciar un crecimiento sostenido y responsable.
En resumen, la reciente publicación del reglamento representa un adelanto significativo en el camino hacia una infraestructura más eficiente y bien planificada. Con un período de adaptación antes de su total implementación, el país se prepara para una era en la que la cooperación entre las esferas pública y privada será clave para el desarrollo con bienestar social.
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