Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República Mexicana han avanzado un paso significativo en la transformación laboral del país. Este 2 de febrero de 2026, presentaron un dictamen que establece la reformulación de la jornada laboral, reduciéndola a 40 horas semanales, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de diciembre de 2025.
La propuesta, que busca modificar las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, representa uno de los cambios más trascendentales en materia laboral en las últimas décadas. La intención es redefinir el tiempo de trabajo de manera que se respete tanto el ingreso como los beneficios de los trabajadores.
El plan contempla una reducción gradual de la jornada laboral. A partir de 2027, la jornada se establecerá en un máximo de 46 horas, que se disminuirá a 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y finalmente a 40 horas semanales en 2030. Este enfoque gradual permite una transición más suave, preparando empresas y trabajadores para los cambios venideros.
El proyecto también atiende la cuestión de las horas extraordinarias. Se propondrá un límite de hasta 12 horas semanales, con un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días. Cualquier hora que exceda estos límites deberá pagarse con un 200% adicional al salario ordinario, lo que representa un fortalecimiento de los derechos laborales.
Además, se garantiza que la reducción de la jornada no implicará recortes salariales o de prestaciones. La protección legal se amplía para incluir la prohibición absoluta de trabajo extraordinario para menores de 18 años, lo que subraya el compromiso con el bienestar juvenil.
La aprobación en comisiones representa el inicio del proceso legislativo, que ahora debe avanzar hacia su discusión y eventual votación en el Pleno del Senado. Si la reforma es aprobada, se enviará a la Cámara de Diputados para su análisis, y, considerando que se trata de una reforma constitucional, necesitará la validación de la mayoría de los congresos locales antes de ser promulgada.
Una vez en vigor, el Congreso contará con un plazo de 90 días para ajustar la legislación secundaria, especialmente la Ley Federal del Trabajo, para alinearse con las nuevas normativas sobre la duración de la jornada y el pago de horas extraordinarias. Según la evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se anticipa un impacto presupuestario negativo, ya que no se proyecta la creación de nuevas plazas ni la necesidad de estructuras administrativas adicionales.
Esta propuesta no solo busca establecer una jornada laboral más corta, sino también mejorar las condiciones laborales, fomentando la productividad y el bienestar de los trabajadores. En un mundo donde la competitividad económica es vital, este debate promete redefinir la relación entre la economía y el bienestar social en México durante los próximos años. La transformación está en marcha, y con ella, la esperanza de un futuro laboral más justo.
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