La invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, constituye un delito de agresión contra un Estado, de acuerdo con el derecho internacional. Mientras aumentan las muertes de civiles; cuando el éxodo de refugiados afecta ya a 1,5 millones de ucranios; el Tribunal Penal Internacional (TPI), la instancia judicial facultada desde 2018 para juzgar este tipo de actos, sigue sin intervenir. ¿Por qué no actúa? La respuesta es tan sencilla como desalentadora: Ucrania y Rusia no figuran entre sus miembros. No han ratificado el texto fundacional de esta corte, el Estatuto de Roma, y los jueces tienen las manos atadas. Podría intervenir si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitiera el caso a la Fiscalía del TPI. Sobre el papel, es una posibilidad, pero también se descarta: Rusia ocupa uno de los asientos permanentes del órgano ejecutivo de la ONU y tiene derecho de veto.
Ajena a la lista de miembros del TPI, Rusia ha dado la espalda este lunes a otro foro judicial, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). Dedicado a resolver disputas entre Estados, Rusia y Ucrania sí forman parte del mismo, de modo que tiene competencia para abordar la invasión rusa de Ucrania. De hecho, sus jueces estudian ya la demanda presentada por Ucrania “para que se detenga la actividad militar rusa” en su país. A la primera audiencia, celebrada este lunes en la ciudad holandesa de La Haya, su sede oficial, no se han presentado los abogados de la parte rusa. Con la guerra ya en marcha, Kiev pidió a los jueces que dictaran medidas cautelares en un intento de frenar la tragedia. Ucrania alega asimismo que, para justificar la invasión, “Rusia ha retorcido la noción de genocidio para evitar un genocidio inexistente [supuestamente perpetrado contra la minoría rusa en la región de Donbás, al este del país]”, según Anton Korynevych, delegado ucranio ante el TIJ.
Las decisiones del tribunal de la ONU son vinculantes para ambas partes, pero este organismo carece de poder para forzar su cumplimiento. La ausencia rusa, con sus asientos vacíos en primer plano, es una forma de “socavar la legitimidad del proceso y de desacreditar la futura decisión judicial”, explica Daniel Peat, profesor asistente de Derecho Público Internacional en la universidad de Leiden. Si se dictan las medidas cautelares, y luego los jueces dan la razón a Ucrania en cuanto a la distorsión de la noción de genocidio denunciada por Kiev, serviría “para que demuestre ante un foro mundial de este calibre que no se ha cometido un genocidio en la región del Donbás [al este del país]”, como sostiene Moscú. Dado que el TIJ no es una corte penal, sus resoluciones carecen de efectos prácticos a la hora de sentar en el banquillo a los responsables de la invasión.
Descartado de momento un juicio por agresión ante la justicia penal internacional, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidió este domingo una “investigación sólida y clara” sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Hasta la fecha, se han visto desde ataques contra las ciudades y víctimas civiles hasta el uso de bombas con apariencia de racimo. Ambos encajan en la noción de crímenes de guerra. Es posible que se hayan perpetrado a su vez crímenes contra la humanidad.
Ucrania sí aceptó en 2015 la competencia parcial del TPI para que investigara los delitos ocurridos en el Donbás desde febrero de 2014. Ello, unido al hecho de que 39 países miembros de esta instancia —entre ellos España— pidiesen a Karim Kahn, su fiscal jefe, que ponga en marcha dicha investigación, ha resultado en el envío de un equipo especializado a Ucrania. Su tarea consiste en documentar lo que está sucediendo, y marca el principio de un largo proceso de atribución a los máximos responsables en toda la cadena de mando. En teoría, podría llegar hasta Putin, puesto que este tribunal no tiene en cuenta la inmunidad de los jefes políticos o militares. Ni siquiera de los jefes de Estado. Pero demostrar más allá de toda duda razonable su autoría directa tampoco sería fácil para la justicia internacional.
Para Frans Osinga, catedrático de Estudios de la Guerra en la universidad holandesa de Leiden, asistimos a una conflagración de desgaste en Ucrania. “Lo que vemos es una operación militar diferente a las emprendidas por las potencias occidentales en los últimos treinta años, que han intentado limitar las bajas civiles y los daños colaterales. Desde luego, no siempre lo han logrado, pero en el caso ruso se ataca deliberadamente ciudades, y eso es un crimen de guerra”, explica, en conversación telefónica.
En su opinión, el alto mando ruso puede aducir que iba en busca de tropas ucranias escondidas en edificios civiles, y por eso la artillería no puede ser selectiva. “Pero saben que en ese tipo de asaltos premeditados causarán víctimas entre la población, y ello contraviene las leyes de la guerra”.
Las imágenes captadas por los medios internacionales muestran la destrucción de ciudades, y a la población escondida en el metro y en el sótano de hospitales. “Hemos visto también el lanzamiento de misiles contra viviendas, la ciudad de Mariupol sometida a ataques indiscriminados de la artillería rusa, y el uso de bombas de racimo. Eso es un crimen de guerra”, asevera, por su parte, Lachezar Yanev, profesor asistente de Derecho Penal en la Vrije Universiteit (Universidad Libre) de Ámsterdam. Este experto es escéptico, por ahora, con los crímenes contra la humanidad, investigados asimismo por la fiscalía del TPI. “Las cosas van muy rápido y hay señales de que pueden haberse cometido. En este caso, hay que probar que Rusia ha llevado a cabo un ataque amplio o sistemático contra los civiles. Es posible, ya veremos, pero el lado ruso puede alegar que esas bajas se produjeron cuando iban en busca de objetivos militares”.
Yanev indica que, de prosperar, un caso por crímenes de guerra o contra la humanidad en el TPI llevará tiempo. Hay que recabar pruebas y atribuirlas a cada uno de los presuntos responsables. Es preciso pedir una orden de arresto a los jueces y esperar a que uno de los 123 estados miembros del tribunal detenga a los sospechosos. “Aunque entre una cosa y otra pueden pasar años, aquí no se juzga en ausencia. Una orden de arresto afectaría de forma clara a la vida y los desplazamientos de los señalados, porque el TPI no está obligado a respetar la inmunidad de un jefe de Estado”, recuerda.
La creación de un tribunal especial para castigar el crimen de agresión salvaría las limitaciones de las competencias del TPI. Gordon Brown, ex primer ministro británico, lo planteó la semana pasada en Londres y la idea cuenta con el apoyo de Dmitro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania. “Hay que tener cuenta que ese tipo de corte precisaría de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y el visto bueno de Rusia, uno de sus miembros permanentes. O al menos, de su abstención”, señala Lachezar Yanev. Por ello, no está claro que la creación de un tribunal especial sea una opción más realista que elevar el caso al Tribunal Penal Internacional mismo. “Para tratar la agresión, creo que hace falta un cambio de régimen en Moscú. Entonces, tan útil sería el TPI como un tribunal especial”, asevera Yanev.
A pesar de las dificultades, el hecho de que se estén investigando los posibles crímenes de guerra cometidos durante la invasión de Ucrania es un hecho de por sí sustancial. “Fíjese en la distancia que mantiene Putin con sus asesores. Esa mesa infinita. Los líderes autoritarios saben que su principal problema es sobrevivir. Por eso, aunque creo que será imposible procesar al presidente ruso sin un cambio de régimen, que la justicia internacional pueda hacerles responsables de sus actos es importante desde el punto de vista moral, político y simbólico”, concluye Frans Osinga.
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