Está a punto de terminar una de las tomas más emblemáticas de Bogotá. Indígenas de distintas partes de Colombia llegaron al Parque Nacional hace ocho meses para denunciar las amenazas y la violencia que sufren de parte de los grupos armados. La lucha, después de aguantar malviviendo en carpas en el parque de la capital, empieza a dar resultados. El Gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con ellos para garantizar unas condiciones seguras en el regreso a sus pueblos. No es la solución a todos sus problemas, pero es un principio. A pesar del acuerdo, agunos han optado por ser realojados en Bogotá.
Los autobuses llevan desde este sábado aparcados frente al parque para empezar el traslado de los 15 pueblos indígenas a su hogar. Entre la lluvia, las distintas familias se debaten entre qué empacar y qué dejar en el parque que ha sido su vivienda en los últimos meses. “Llevemos las ollitas y una leña por si acaso necesitamos cocinar por el camino”, dice Luz, de 49 años.
El acuerdo incluye la participación de los indígenas en la política pública Indígena que el Distrito iniciará en los próximos días y apoyo para sus emprendimientos. Además, se acordó que el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas se encargue de garantizar el regreso a sus territorios de origen de manera segura. También se les dará apoyo económico para financiar sus proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con sus prácticas socioculturales.
Cae la tarde sobre el Parque Nacional, donde hasta hace unos meses a estas horas decenas de jóvenes entrenaban al fútbol, paseaban novios cogidos de la mano y los niños comían un helado después de pasar un rato jugando. Hoy el paisaje es completamente diferente para los transeúntes que pasan por una de las principales arterias de la ciudad, la carrera séptima. La entrada al parque público está vallada y los indígenas hacen guardias para vigilar quién entra y sale.
Las tiendas de campaña improvisadas hechas con plásticos y los colchones sobre la tierra han sido su hogar este tiempo. En uno de estos cambuches, como le llaman ellos a las chozas, dormía la líder de la comunidad zenú, Luz Marina Navarro, de 56 años. Navarro fue secuestrada por la guerrilla durante tres años por ser la líder social en su pueblo. Desde entonces, no ha podido volver a su territorio. Le tocó mudarse a Bogotá, donde lleva viviendo 15 años. “Nosotros pedimos que nos reubiquen en la ciudad o poder retornar a nuestros territorios con garantías. Estamos aquí por el conflicto armado. Ha sido muy difícil aguantar el frío, la lluvia, la falta de comida y el no poder dormir. Pero aquí seguimos luchando por nuestros derechos”, contaba hace unos días.
Dentro del parque han vivido casi 600 niños. Han muerto dos y han nacido tres en este tiempo. A los padres les preocupa mucho el nivel de desnutrición que están sufriendo sus pequeños, además del hecho de que no están escolarizados. A esto suman la inseguridad de dormir al raso.
La comida que ha llegado al campamento durante estos meses viene de donaciones solidarias y a veces no alcanza para todos. “Desayunamos casi siempre una libra de arroz, pero a veces no es suficiente”, explicaba Navarro. Ella ha dormido con su pareja en un colchón debajo de un plástico junto con otras 16 familias con las que comparten las pocas mantas que tienen. A la lideresa se le iluminan los ojos cuando recuerda los desayunos que hacía en su tierra. Se levantaban todas las mañanas a pescar en el río. “Si estuviéramos en nuestro territorio, tendríamos nuestro cultivo y nuestros animales”. Recuerda todo lo que le ha tocado vivir y suspira: “En la guerra siempre se pierde”.
Los más de 1.900 indígenas han bebido agua de un solo grifo que tiene una pequeña manguera. Muchos se han enfermado porque no es potable. Es, además, la misma que utilizan para bañarse y lavar la ropa al lado de una cancha de hockey. Dos baños públicos dieron servicio a todos.
Desde el 29 de septiembre de 2021 –el primer día en que las comunidades llegaron al Parque Nacional– la administración del distrito abrió un diálogo con ellos que hasta esta última semana no había avanzado. Aquellos que no quieran regresar a sus territorios, ahora podrán trasladarse a la Unidad de Protección Integral de Engativá. Allí, el Distrito les ha asegurado alimentación, servicios de salud, educación y atención a la primera infancia. Además, se abrirán espacios para la comercialización de sus productos. Con estos compromisos los indígenas se han ido subiendo a los autobuses durante todo el fin de semana, cargados con bolsas llenas de ropa en busca de un hogar seguro.
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