Francisco Montiel acompaña a su nieto de 13 años al colegio. Pero lo hace a distancia, unos pasos por detrás, sin que se note mucho. “Va con sus amigos”, sonríe Francisco. A todos los efectos, Francisco y su mujer, Francisca, ejercen de padres de su nieto desde hace siete años. El progenitor del adolescente asesinó a su madre en 2015 en Terrassa (Barcelona). Luego se suicidó. Entre todas las batallas personales a las que siguen enfrentándose a diario los abuelos, de 76 y 69 años, la más inexplicable para ellos es no poder cambiar de orden los apellidos del menor. “Ni nosotros ni él queremos el apellido de un asesino delante”, se queja Francisca. Después de siete años de litigios, recursos, llamadas y abogados, el Ministerio de Justicia, tras las preguntas de este diario, asegura que invertirá los apellidos.
“¿Pero qué ha pasado todo este tiempo?”, pregunta Francisco cuando se le anuncia que finalmente la Dirección General de los Registros y el Notariado -dependiente del Ministerio de Justicia- ha aceptado su solicitud de cambiar de orden los apellidos de su nieto, y anteponer el de su madre asesinada por su padre. “¿Y qué dicen de que les haya llamado más de 10 veces?”, repite el hombre, por teléfono. No hay una explicación oficial a por qué el expediente impulsado por los abuelos del niño ha dormido el sueño de los justos. En su respuesta oficial, el ministerio se refiere a “diversas vicisitudes en la petición inicial que ha necesitado modificarse durante su tramitación”. También alega “la complejidad del proceso que exige informe del Consejo de Estado, y aprobación por Real Decreto”. Y asegura que todo ello “será aprobado en el mes de marzo por el Consejo de Ministros”.
El calvario de la familia Montiel empezó la madrugada del 21 de enero de 2015. Jesús Ruiz llamó a sus suegros para decirles que su mujer, Sandra, se encontraba mal y necesitaba que fuesen a cuidarla. Cuando llegaron a la casa, se encontraron a su hija en una habitación muerta, a Jesús colgado en el garaje y al menor encerrado en una habitación. Sandra, jefa de equipo en Luis Vuitton, tenía entonces 39 años y su hijo, seis. Los abuelos no dudan de que el niño presenció el crimen. “No hay ni un día que se te olvide”, se emociona Francisca, desde la misma casa donde su hija fue asesinada. Allí se trasladaron a vivir los abuelos. El objetivo era facilitarle la vida a su nieto, que notase los menos cambios posibles para seguir adelante.
La primera batalla legal fue relativamente sencilla: pidieron la custodia total de su nieto. Un juzgado de Terrassa consideró a los abuelos maternos “absolutamente idóneos” para ser tutores del menor. En mayo de 2015 obtuvieron la tutela, y en noviembre iniciaron los trámites para invertir el orden de sus apellidos.
Así comenzó un expediente en el Registro Civil de Terrassa. Pero la Fiscalía se posicionó en contra de la solicitud de los abuelos. Argumentó que la Ley de Registro Civil contempla que una persona lleva el apellido primero del padre y después de la madre. Que antes de la inscripción en el registro, y de común acuerdo, los progenitores pueden invertir ese orden. Y ya no es hasta la mayoría de edad, que luego los hijos pueden solicitar también el cambio. Por todo ello, “no corresponde a los promotores instar el cambio en el orden de los apellidos”, concluyó el ministerio público.
Sus abuelos alegaron que el menor era víctima de violencia machista, y que, por tanto, podía acogerse a los supuestos de excepcionalidad que recoge la ley para cambiar el orden de los apellidos sin que hubiese necesidad de esperar a su mayoría de edad. Y añadieron que no pedían un “cambio más profundo”, eliminando por ejemplo el apellido del padre, porque consideraban que de esta forma era suficiente y no generaría “incidencias en su día a día”. Pero el juzgado, en septiembre de 2016, denegó la petición y les instó a recurrir a la vía gubernativa. Los abuelos apelaron, y el caso quedó varado hasta que en diciembre de 2019, la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil les pidió las actuaciones judiciales conforme su hija había asesinada por su marido. En enero de 2020, presentaron toda la documentación. Y desde entonces, el más absoluto silencio.
“En la mayor brevedad posible. Me choca que pongan eso”, repite Francisco una y otra vez, sobre la petición de documentación de la subdirección del Ministerio de Justicia. “Ha pasado un año y no han movido ni un dedo. No se han interesado en mirar los archivos”, añade, sentando en el salón de su casa, pendiente de que no le den más de las doce y media para ir puntual a recoger a su nieto. “Llevamos siete años luchando. Ya está bien. No hay derecho. Solo pedimos invertirlo, no que desaparezca el otro”, sigue, sereno, flanqueado por las fotografías de Sandra y su nieto.
En todo ese tiempo de papeleo, trámites y abogados, él ha llamado a todas las demás puertas que se le ha ocurrido. Al Síndic de greuges -el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó. “Me dijo que no era cosa suya”. Al defensor del pueblo, actualmente Ángel Gabilondo, del que sigue esperando respuesta…
En estos años, han acudido todos a terapia y han esgrimido esos informes para argumentar que a su nieto le ayudará el cambio de apellidos. “En el colegio, él ya se hace llamar con los apellidos invertidos”, explican sus abuelos. Pero todos los documentos oficiales siguen igual. “Nos gustaría que cuando acaba la ESO tenga su título ya con el apellido de su madre primero”, pide Francisca. Si el Ministerio de Justicia no falta a su palabra, así será.
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