En los últimos seis años, grupos del crimen organizado han invadido los territorios de Los Altos, en Chiapas. Las tierras habitadas por comunidades indígenas empezaron a ser víctimas de saqueos, extorsiones, amenazas y asesinatos. El alarmante aumento de los desplazados por las balas en las últimas semanas evidencia el recrudecimiento de la violencia en una zona codiciada al sur del país para el tráfico de drogas, armas y personas. El activista Simón Pedro Pérez López fue la última víctima pública de esta lucha. Los pobladores a los que representaba denuncian que el hostigamiento continúa obligando a familias enteras a abandonar sus casas y su forma de vida. Hasta ahora, las reacciones a la presencia de los grupos armados —grupos civiles de autodefensa, despliegue de las Fuerzas Armadas, denuncias ante la Secretaría de Gobernación— han sido en vano y la tensión sigue escalando.
Alrededor de 2.000 personas se han convertido en desplazados por la violencia en una región a pocos kilómetros de San Cristóbal de las Casas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha denunciado que las balaceras se concentran en la región de Pantelhó y Chenalhó. Ante “la omisión del Estado mexicano de atender la situación”.
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Como en un eco de la situación que se vive en Michoacán, un grupo de civiles de Los Altos de Chiapas se organizó y mediante un comunicado en video difundido por las redes sociales se presentaron como el grupo El Machete. Su misión es “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y al crimen organizado” de las tierras indígenas, según manifestaron en su publicación. “No queremos más muertes para los pobres campesinos”, sentenciaron.
Este grupo consiguió las armas al sustraérselas a un convoy de la Guardia Nacional en la carretera, según informaron medios locales. Mientras tanto, la Fiscalía local investiga el enfrentamiento entre los grupos civiles y las autoridades que dejaron un saldo de nueve agentes heridos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva. Por su lado, las asociaciones civiles reportan asesinatos de indígenas cada semana a manos del crimen organizado.
La sociedad civil de Las Abejas de Acteal, cuya sede se ubica apenas a dos kilómetros del centro de operaciones de los grupos criminales, ha denunciado el presunto vínculo de los delincuentes con las autoridades municipales. En el escrito que presentaron el 26 de junio ante la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, los pobladores señalaban que el pasado proceso electoral del 6 de junio, poblados enteros fueron amenazados para votar de acuerdo a los intereses de los grupos criminales.
Nueve días antes de su muerte. Simón Pedro Pérez López había presentado una denuncia formal para pedir la intervención de las autoridades ante el auge de desplazados por la violencia.
