La Audiencia Nacional ha dado esta semana un sonoro carpetazo a las pesquisas del caso Kitchen. La Sala de lo Penal ha avalado la decisión del juez Manuel García-Castellón de dar por acabada la investigación sobre la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, circunscribiendo así toda la responsabilidad al Ministerio del Interior y dejando fuera a la cúpula del PP en época de Mariano Rajoy. Este fallo implica que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido y exministra de Defensa, que estuvo imputada en la causa, esquiva finalmente cualquier responsabilidad penal. Pero también corta de raíz todos los hilos de los que aún se debía tirar, en opinión de la Fiscalía y del resto de acusaciones.
Más implicados del PP. El ministerio público lo tenía muy claro al recurrir la decisión del juez García-Castellón: todavía queda por dilucidar si los 11 procesados, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, actuaron “en concierto” con más dirigentes del Partido Popular, entonces en el Gobierno. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía aseguró que existían indicios para ir más allá de Interior y señalar también a la dirección de la formación conservadora. La acusación no solo apuntó a Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en el espionaje a Bárcenas, sino que amplió el foco a otros cargos.
Una opción que la Sala desestima. El tribunal descarta volver a imputar a Cospedal, que mantuvo un contacto fluido con los comisarios José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo, piezas clave en la captación como confidente de Sergio Ríos, el chofer del extesorero popular. Los magistrados también rechazan citar como imputado a Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, y a quien señalaron el propio Villarejo y Eugenio Pino, máximo cargo operativo del cuerpo en la época de Rajoy. La Audiencia Nacional no aprecia en el sumario indicios suficientes para indagar sobre ambos.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares subrayan que la cúpula del PP era la máxima beneficiaria de la operación Kitchen, que buscaba arrebatar a Bárcenas documentos comprometedores para el partido y su cúpula. Sin embargo, la Sala de lo Penal responde que podía haber más “interesados” en la “desaparición de la información guardada” por el extesorero: “Pudiera haber terceros, dentro o fuera del Partido Popular, que hubieran recibido o hecho donaciones para la llamada contabilidad B del mismo”, argumentan los jueces, que también han descartado indagar sobre los números de teléfono que facilitó Villarejo y a través de los cuales, según aseguró, se comunicaba con Mariano Rajoy.
¿Dónde está el material robado? Una pregunta clave que no responde el sumario es qué material le fue robado a Bárcenas y donde está. Por ello, la Fiscalía quería volver a interrogar al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, un agente de la máxima confianza de Cospedal. En una de las notas de las agendas de Villarejo se lee: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago. Este verano lo va a copiar”. El despacho de ese agente se encontraba en un edificio anexo a la Dirección General de la Policía, que lideraba Eugenio Pino, también procesado.
La Sala considera que esta vía de investigación no tiene futuro. El tribunal, al igual que García-Castellón, explica que ya han pasado muchos años desde que acabara Kitchen y han tenido “tiempo más que suficiente” para destruir los documentos que presuntamente sustrajeron. Además, remachan los jueces, Gago ya negó su participación en la operación de espionaje, por lo que “una nueva declaración en nada va a servir”.
El boicot a Gürtel. Las acusaciones sostienen que la operación Kitchen no fue más que una parte de un largo boicot a la investigación judicial del caso Gürtel, la macrotrama de corrupción que afecta al PP desde febrero de 2009. Las pesquisas revelan que la relación de Villarejo con Cospedal y su marido, Ignacio López de Hierro, viene al menos desde 2009 —cuatro años antes de que se active Kitchen—; y en sus conversaciones les revela datos secretos sobre causas que cercaban al PP. A su vez, se halló en poder de Villarejo un documento, titulado Proyecto SMP, que hablaba de “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. Era un presunto encargo que se le llegó a plantear al comisario por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”.
“Existe una línea de causalidad entre los hechos investigados [en Gürtel] y el actuar de Cospedal y López del Hierro, en una más que probable y lógica connivencia del por entonces presidente del PP y del Gobierno, para desbaratar e influir en la investigación judicial que se estaba desarrollando”, subraya Podemos, personado como acusación popular. Pero la Audiencia Nacional descarta esa tesis y cree la versión de la ex secretaria general de los populares, que repitió que Villarejo nunca le trasmitió datos secretos: “Reunirse con Villarejo no es una actividad ilícita […] Ella no tenía ninguna razón para negarse, pues en aquel entonces Villarejo tenía prestigio y había sido condecorado en varias ocasiones”, dicen los magistrados, que inciden en que el Proyecto SMP nunca se vinculó a la expolítica.
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