Este sábado debía ser un día histórico para el futbol femenino español con el comienzo de su primer campeonato profesional de Primera División, bautizado como la Liga F. Sin embargo, el parón indefinido de las árbitras, que reclaman ajustar sus condiciones laborales al recién estrenado profesionalismo, impedirá la disputa de los partidos. Los dos primeros debían jugarse a las 12.00 de este sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y el Alhama y el Madrid Club de Fútbol. A ambos encuentros tienen previsto presentarse los cuatro equipos, pero no habrá presencia arbitral. Lo mismo sucederá en el resto de partidos de la jornada distribuidos entre la tarde de hoy y del domingo. De nuevo, el crecimiento del fútbol femenino está salpicado por la guerra entre el fútbol profesional y la Federación Española de Fútbol, bajo cuya tutela está el colectivo arbitral femenino. Los intentos del viernes del Consejo Superior de Deportes por desbloquear el conflicto no surtieron efecto.
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Los clubes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) están desencantados con José Manuel Franco, presidente del CSD, del que esperaban una reacción más enérgica para evitar el parón de una competición patrocinada por el organismo gubernamental con cinco millones de euros al año. En la madrugada del sábado, la patronal emitió un comunicado en el que anunciaba que los clubes y el operador de televisión estarán presentes con el objetivo de poder reclamar daños y perjuicios, además de solicitar al CSD que ponga fin a la situación con las armas legales de las que dispone.
“En caso de no comparecer las árbitras y asistentes a los encuentros programados, la LPFF va a proceder a presentar las correspondientes denuncias disciplinarias, solicitando que se adopten las medidas sancionadoras correspondientes a tan grave incumplimiento, incluyendo su inhabilitación. La LPFF junto con los Clubes y SADs participantes iniciarán frente a las árbitras y asistentes que incumplan sus obligaciones, las acciones oportunas en reclamación de los daños y perjuicios que se generen. Desde la LPFF queremos hacer público que no vamos a aceptar chantaje alguno por parte de ningún colectivo o institución, agradeciendo de antemano las muestras de apoyo que, desde aficionados y futbolistas principalmente, estamos recibiendo, solicitando al CSD que utilice los recursos legales necesarios para garantizar el normal desarrollo de la competición profesional femenina”, advertía el comunicado de la patronal.
El descontento hacia el CSD también es latente entre el colectivo arbitral femenino al no haber concretado el respaldo que Franco dijo mostrarles ante sus reivindicaciones. En su última propuesta, las árbitras demandaban, bajo contrato, 40.000 euros al año para las colegiadas profesionales y 30.000 para las asistentes, cantidades que deberían aumentar progresivamente año a año acorde con el crecimiento de los ingresos de la competición, si este se diera. Además, también reclaman el pago aparte por partidos dirigidos y dietas, como sucede con el colectivo masculino, que se aumenten los emolumentos de las cuartas árbitras, que no son profesionales, y que se incluya en el gasto arbitral a los delegados de partido, la vestimenta, los viajes y los seminarios de formación arbitral.
La propuesta de la LPFF rechazada por el colectivo arbitral femenino consistía en mantener el recibo de 3.300 euros por partido que ya abonaba la temporada pasada, pero solo distribuirlo entre la árbitra principal, un 50%, y un 25% para cada asistente, con dietas aparte que debían negociarse. Con esto, las colegiadas principales pasarían de ganar 300 euros a unos 1.600 y sus dos ayudantes, de 168 a unos 800. Sin embargo, desde el colectivo arbitral femenino añaden que, si se descuentan los pagos a la seguridad social, la cantidad ofrecida no llegaría al sueldo mínimo interprofesional.
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Datos basados en información reportada originalmente por elpais.com.
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