Josefina Román Vergara, como muchos de sus colegas, renunció a los seguros de gastos médicos mayores y separación individualizada, a raíz de la presión desde Palacio Nacional para adoptar un enfoque de austeridad republicana. Román Vergara, quien llegó al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con el respaldo del PRI, había tenido una carrera en el Infoem antes de asumir su actual rol. En diciembre de 2024, a seis meses de la extinción del Inai, intentó volver a la vida pública al postularse para la titularidad de la Auditoría Superior de Fiscalización en su natal Estado de México, aunque su esfuerzo no tuvo éxito.
Pese a su salida del Inai, ella no se encontraba en apuros financieros. Durante el ejercicio fiscal de 2024, obtuvo un ingreso de 1.25 millones de pesos, además de su salario como comisionada. Sin embargo, esta situación la llevó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para aclarar la procedencia de esos ingresos adicionales, que correspondían a su pensión como exfuncionaria estatal. Román Vergara, junto a otros altos mandos, fue convocada para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades financieras.
El ente fiscalizador, liderado por David Colmenares Páramo, encontraba irregularidades en las últimas etapas del Inai, señalando que muchos servidores públicos se beneficiaron económicamente de forma no oficial. Desde la Cuenta Pública de 2022, la ASF había documentado anomalías en la gestión de algunos altos mandos, incluyendo la solicitud de “moches” a sus subordinados y visos de nepotismo.
La auditoría 197 sobre la gestión financiera reveló que, durante el ejercicio fiscal de 2023, el Inai operó con un presupuesto de 1,036 millones de pesos, lo que llevó a la ASF a realizar una auditoría forense para abordar preocupaciones en el manejo de recursos. Se instruyó al Inai a fortalecer sus mecanismos de control para asegurar el cumplimiento del Código de Ética institucional.
Sin embargo, desmantelar una cultura de opacidad en la asignación de comisiones y gastos era una tarea difícil. En el último año de su operación, el Inai registró 517 comisiones nacionales e internacionales, generando gastos por 6.34 millones de pesos, de los cuales un 20% permaneció sin comprobar.
Adicionalmente, se identificaron irregularidades en el manejo financiero de la dirección del comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, quien otorgó préstamos personales a colegas por un total de 354,000 pesos. A pesar de sus explicaciones sobre la naturaleza de estas transacciones, la situación ha llevado a que la ASF comience a auditar a 16 exfuncionarios que realizaron gastos no reportados ante el SAT.
Los acontecimientos en torno al Inai revelan un panorama complejo y preocupante sobre la gestión de recursos y la transparencia en el sector público. Con la mirada puesta en el futuro, es fundamental que se refuercen las normativas y controles para evitar la repetición de estas prácticas y fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.
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