“Mi nombre es María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, desaparecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Seguimos en pie de lucha porque han pasado siete años y hasta el día de hoy no se han esclarecido los hechos. No los hemos podido ver. Ni abrazar. Ni platicar con ellos. No sabemos cómo ni dónde están. Lo único que queremos es ver a nuestros hijos”.
Lo dice así, de carrerilla, sin respirar, en cuanto se enciende la grabadora, como quién está acostumbrada a contarlo una y otra vez. Siete son muchos años para pasártelos repitiendo ante la prensa cómo se llevaron a tu hijo. Porque José Eduardo Bartolo Tlatempa es uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos por la organización criminal Guerreros Unidos y la policía, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero.
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Los ojos se le humedecen con suavidad, con discreción, como quien está acostumbrada a ello: “Estamos a flor de piel. No podemos dormir, se nos va el sueño pensando cómo estarán nuestros hijos, donde estarán”. A su lado, sentada en una butaca marrón, se encuentra Calista Valerio Galiana, que, mientras su compañera habla, se refugia detrás de una lona con la cara de su hijo, Mauricio Ortega Valerio, otro de los normalistas desaparecidos. Se pasa la mano por el pelo. Mira por la ventana.
Ambas se encuentran en un amplio salón del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en Ciudad de México, donde han dormido estos días. En una mesa hay una cafetera, vasos de cartón, azucarillos, cucharas de plástico. Pero nadie bebe. Han venido con el resto de padres y madres de las víctimas como cada año. El jueves protestaron ante la sede de la Fiscalía para exigir las respuestas que aún nadie les ha dado. El viernes se reunieron con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que este mes admitió públicamente como fracaso no haber descubierto la verdad sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. No es la primera reunión que los familiares mantienen con el mandatario.
“Cada vez que venimos aquí nos dicen lo mismo”, se queja Valerio Galiana. “Cuando llegamos a casa me preguntan sus hermanos ‘¿qué paso, qué te dijeron?’ Y yo digo que nada. Me da tristeza porque no nos cuentan la verdad”, continúa, mientras se hace pequeñita en su butaca. Cuatro de los padres han muerto ya, antes de haber podido encontrar a sus hijos. Muchos han somatizado tanto dolor y han acabado desarrollando enfermedades.
Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio y presidente del colectivo Padres y Madres de Ayotzinapa, apoyado en un muro del Centro Prodh decorado con murales de líderes revolucionarios, matiza: “Que el presidente nos asegure su compromiso para nosotros es de suma importancia, pero sabemos que hay instituciones que ponen trabas. Si no, ya habrían aparecido. Sentimos que van creando tiempos para que se nos olvide”.
Un grupo de siete padres regresa al Centro Prodh al caer la noche, cargados con lonas recién impresas con la cara de sus hijos, listas para la manifestación que realizarán el domingo. Posan con ellas desplegadas para una foto. “Di whiskey” bromea uno con el compañero que está siendo retratado en ese momento. Entre ellos, Francisco Lauro, campesino, chaparro, de rasgos duros, que camina con la cabeza baja, coronada por una gorra, vaqueros, camisa y una chaqueta de chándal verde. Está convencido de que su hijo sigue vivo, secuestrado en lo alto de un cerro por el narco. “De 2014 a 2016 yo soñaba que mi hijo regresaba. Pero así como de espaldas, nunca le veía la cara. Le decía ‘mijo, ya llegaste’. Él me respondía ‘no se preocupe, ya me voy a retirar, solo me dieron un rato nomás’. Y se iba. Pero de 2016 para acá ya no le sueño más”.
La noche de su desaparición, los normalistas se encontraban en Iguala para llevarse varios autobuses y poder llegar a Ciudad de México, a la manifestación que se realiza el 2 de octubre en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968. Pero fueron interceptados por elementos de la policía y del crimen organizado. Nunca más se supo de ellos. Solo tres de los estudiantes han sido identificados hasta el momento: Jhosivani Guerrero este año; Christian Rodríguez en 2020 y Alexander Mora en 2014. Aunque la investigación demostró que los restos de Mora fueron colocados a posteriori, para reforzar la versión oficial del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, y el antiguo jefe de la investigación, Tomás Zerón —hoy prófugo en Israel, pendiente de extradición—, que defendía que los habían incinerado en el basurero de Cocula y después lanzado sus huesos a un río.
Cristina Bautista tiene unos pendientes con el número 43 y una tela bordada a mano con la cara de su hijo, Benjamín Ascensio Bautista, y la inscripción “moveré montañas por encontrarte”. Habla sin emoción, mecánica. “Antes yo no podía dar entrevistas, me ponía a llorar. Ahora hablo con el coraje que siento”, se justifica. “Nuestra vida cambió muchísimo. Sembrábamos maíz, hacíamos pan. Éramos muy felices. Pero el 26 de septiembre de 2014 empezó nuestro martirio. Ellos pensaban que como somos padres campesinos iba a ser fácil engañarnos, pero se equivocaron”.
Bautista explica que a menudo la gente les critica. “Nos dicen que lo dejemos, que nuestros hijos ya están muertos. ¿Cómo se atreven a decir que nos olvidemos de nuestros hijos?”. Estanislao Mendoza, otro padre, añade: “Nosotros no queremos andar en las calles gritando. Nos están obligando a hacer esto”.
Melitón Ortega considera que hay una campaña de desprestigio hacia las Escuelas Normales Rurales —que se encuentran en zonas humildes, a menudo comunidades indígenas—, como la de Ayotzinapa: “La Normal tiene una historia de lucha social, y la fueron ahogando. Mataron a dos estudiantes en 2011. Hicieron una campaña en nuestra contra. Y el golpe definitivo: el 26 de septiembre, las desapariciones. Creyeron que con eso íbamos a desaparecer, pero fue todo lo contrario. Mucho estudiante sigue yendo a la normal, y eso para nosotros es muy importante, para que salgan de la pobreza y tengan una vida distinta a la nuestra”.
—Ya basta de impunidad, ya basta de violaciones de derechos humanos. Que investiguen al ejército, a la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto— exige María Jesús Tlatempa Bello.
Y, entonces, hace una pausa larga. Suspira. Y añade ese lema que ya forma parte del imaginario colectivo de las últimas décadas en Latinoamérica: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Siete años después, continúan los silencios, las incertidumbres, las versiones oficiales. Ya lo dijo aquella canción de Alfredo Zitarrosa: hay olvidos que queman y memorias que engrandecen.
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