En un dramático giro de los acontecimientos, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, nacido el 21 de junio de 1978 en la Ciudad de México, ha pasado de ser un destacado miembro de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina a un fugitivo perseguido por la justicia. En agosto de 2025, se emitió una orden de aprehensión en su contra, lo cual lo llevó a esconderse bajo una identidad falsa, utilizando un pasaporte guatemalteco en Argentina, después de haber viajado desde Colombia. Su captura en territorio sudamericano marcó un capítulo oscuro en su carrera.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha destapado profundas discrepancias entre sus ingresos como servidor público y su patrimonio. Farías declaró en el periodo de 2020 a 2024 ingresos por sueldos navales de 6.95 millones de pesos, mientras que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) indican que en realidad recibió 11,765,612.20 pesos, generando una diferencia injustificada de 4,815,569.20 pesos. A esto se le suman 41 depósitos bancarios por un total de 40,337,021.41 pesos y 59 retiros que alcanzan los 39,791,323.61 pesos.
Entre sus figuras más destacadas se encuentra la compra de una residencia en la Colonia Insurgentes Mixcoac de la Ciudad de México por 4.5 millones de pesos en octubre de 2020, así como millonarias aportaciones a la póliza de seguro de vida de su madre y la adquisición de un inmueble en Nogales, Sonora, valorizado en 2,248,441 dólares.
Su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, nacido el 12 de noviembre de 1976 en Ensenada, Baja California, ha tenido un destino distinto. A pesar de haber alcanzado posiciones de alta influencia en la Marina, fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y permanece en prisión preventiva en el Penal Federal del Altiplano.
Los hermanos Farías Laguna, apodados “Los Primos”, han sido vinculados con una presunta red de contrabando de hidrocarburos. Aprovechando la militarización aduanera, habrían implementado un sofisticado sistema de huachicol fiscal para introducir millones de litros de combustible de contrabando por puertos estratégicos de Tamaulipas, registrándolo fraudulentamente como “aditivos para aceite”. Los sobornos a los subordinados de las aduanas ascendieron hasta un millón 750 mil pesos por cada buque cuya descarga autorizaban. Durante un periodo de diez meses entre 2024 y 2025, al menos 31 buques habrían descargado combustible bajo este esquema en los puertos de Tampico y Altamira.
El poder de veto de “Los Primos” les permitía decidir sobre ascensos y comisiones dentro de las 14 aduanas marítimas del país, removiendo a cualquier oficial que intentara reportar irregularidades. La FGR utilizó técnicas de geolocalización que revelaron reuniones entre los hermanos y Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, un operador clave de la red.
El desmoronamiento de esta estructura criminal, que también ha sido vinculada a asesinatos en Manzanillo, se inició con la confesión del Capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, quien actuando como testigo protegido, reveló la violencia y corrupción que rodeaba a la organización y entregó cerca de 30 millones de pesos en sobornos acumulados.
La trágica muerte de Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció el esquema de corrupción, es otro eslabón en esta compleja trama. Sus asesinatos, junto con otros marinos y civiles, perpetrados en un periodo de siete meses, subrayan la brutalidad con la que fue silenciada la disidencia interna.
El caso de los hermanos Farías Laguna no solo pone de manifiesto la intersección entre corrupción y poder en las instituciones de seguridad, sino que también llama a la reflexión sobre la grave problemática que enfrenta el país en la lucha contra el crimen organizado.
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