El informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) ha puesto de relieve los sentimientos encontrados del ministerio público respecto a la gran reforma del proceso penal, pendiente desde hace más de 20 años y prometida por todos los gobiernos.
Los fiscales aplauden un cambio de modelo que les da el protagonismo de las instrucciones que llevaban años esperando, pero critican el texto porque consideran que diseña un procedimiento penal “cuya tramitación se advierte sumamente lenta y compleja”. A ello se suma, según la Fiscalía, una plantilla que ya es “manifiestamente insuficiente” para asumir las competencias actuales, y con la que no se puede responder “con garantías” las futuras atribuciones.
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La memoria de la Fiscalía General del Estado lleva años advirtiendo de la escasez de personal, pero la decisión del Gobierno de dejar en manos del ministerio público la instrucción ha encendido todas las alarmas. “La situación actual ya es complicada. Si a eso se le suma la nueva Lecrim, o se aumenta nuestra plantilla de forma inmediata o la situación va a ser catastrófica”, advierte Víctor Castells, vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
La plantilla del ministerio público es de 2.553 fiscales, lo que supone una proporción de un fiscal por cada 18.520 habitantes y 5,4 fiscales por 100.000 habitantes, muy por debajo de la ratio media europea, que se sitúa en torno a los 11 fiscales por cada 100.000 habitantes, según los datos de la Fiscalía General.
El órgano que dirige Dolores Delgado envió recientemente una propuesta al Ministerio de Justicia para que se creen 349 nuevas plazas en los próximos tres años (130 en 2021, 116 en 2022 y 103 en 2023). La petición se acompañó de un estudio sobre la situación de la plantilla. El desarrollo de las funciones que tiene actualmente encomendada la carrera, sostiene el documento, “se ven comprometidas por las limitaciones derivadas de la escasez de medios personales con que debe afrontarlas”.
