España cerrará 2022 con un aumento por segundo año consecutivo de sus emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático que golpea al planeta y a la humanidad. El incremento será notable: un 3,6% pronostica un estudio elaborado por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), dependiente del Basque Centre for Climate Change (BC3). Sin embargo, pese a esa nueva subida, las emisiones seguirán estando por debajo de las de 2019, es decir, de los niveles prepandemia.
Al igual que en otros países, los cierres de la actividad en 2020 motivados por la lucha contra el coronavirus supusieron una caída sin precedentes de los gases de efecto invernadero de España, que se desplomaron un 13% ese año respecto a 2019. Lo esperado luego era un rebote, porque la caída no se debía a cambios estructurales sino al parón de la economía. Efectivamente, en 2021 las emisiones aumentaron un 5,1% y a pesar del 3,6% que pronostica ahora OTEA para este año, no se ha vuelto a la casilla de salida previa al coronavirus. En 2019, España emitió 314,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente (la unidad que se usa para los gases de efecto invernadero). Y este 2022 se cerrará con 299,1 millones, cerca de un 5% menos que los niveles de hace tres años, según las previsiones de los investigadores del BC3.
La energía —incluyendo aquí el transporte, la electricidad y la industria— es la que marca el devenir de las emisiones en España como en el resto de países desarrollados. Porque ese sector es altamente dependiente de los combustibles fósiles, los principales emisores de gases de efecto invernadero cuando se queman para generar energía. “2022 se ha caracterizado en el ámbito energético principalmente por dos hechos. En primer lugar, una paulatina vuelta a la normalidad en términos de movilidad tras dos años de pandemia y, en segundo lugar, una crisis energética que se ha visto reflejada en el aumento de los precios del petróleo y gas natural, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania”, describe el análisis de OTEA. Ambas circunstancias han tenido efectos en los gases que expulsa la economía española.
Mikel González-Eguino, director de OTEA, explica que el mayor incremento de las emisiones se prevé en el sector eléctrico. Pero, en su opinión, se trata de algo “coyuntural”. Por un lado, está la sequía. “Este año ha sido particularmente seco, por lo que la contribución de la hidráulica [que no emite gases de efecto invernadero] a la producción eléctrica se ha reducido casi a la mitad con respecto al año pasado”, señala el análisis de OTEA. El otro factor importante es el incremento de las exportaciones de electricidad a Portugal y, sobre todo, Francia, que se ha cubierto en buena parte con las centrales de gas natural, que sí expulsan gases que sobrecalientan el planeta. En el caso de Francia, señala González-Eguino, el problema ha residido en los fallos detectados en una parte importante de sus centrales nucleares, que han tenido que parar y ha obligado al país a aumentar sus importaciones desde España.
El dato positivo es que la implantación de renovables continúa creciendo en España, aunque el incremento no “ha sido suficiente para compensar el mayor aumento en la producción eléctrica que se ha dado gracias al gas natural y, en menor medida, el carbón”, explica OTEA. Su estudio apunta que “España necesita continuar acelerando el despliegue de las energías renovables, pero si el saldo de comercial se reduce y la hidráulica vuelve a la normalidad, las emisiones deberían volver a una senda descendente”.
Más complicada es la ruta que sigue el transporte. A pesar del alto precio de los combustibles que se ha dado este año, la movilidad se ha recuperado y se acerca a los niveles de antes de la pandemia. “Es una situación preocupante”, admite González-Eguino. Para realizar sus pronósticos sobre la evolución anual de las emisiones los expertos de OTEA emplean los datos sectoriales de varios organismos oficiales. España está obligada a comunicar anualmente su inventario de gases de efecto invernadero a la ONU y a la Unión Europea en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático de los que forma parte. Sin embargo, el avance de los inventarios no suele conocerse hasta unos seis meses después del cierre del año, por lo que análisis como el que realiza OTEA son útiles para atisbar cómo evolucionarán las emisiones del país.
Objetivo para 2030
España no solo está obligada a presentar inventarios, sino también a cumplir con objetivos de recorte de emisiones. En estos momentos, la Ley de Cambio Climático establece que en 2030 las emisiones de España deberán ser un 23% menores que las de 1990. Y, según las previsiones de OTEA, 2022 se cerrará con unas emisiones un 3,4% mayores que las de 1990.
González-Eguino advierte de que solo quedan ocho años para cumplir la meta de reducción del 23%, por lo que se deben acelerar las medidas. Además, el próximo año España está obligada por su propia ley climática y por los compromisos de la Unión Europea a revisar al alza sus objetivos de recorte de emisiones para 2030, un proceso que ya ha comenzado a preparar el Ministerio para la Transición Ecológica.
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