Los implicados en México en la trama de corrupción de Odebrecht no solo han logrado esquivar las acusaciones por la vía penal, sino que también han conseguido evadir el pago de las sanciones administrativas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto multas por 9.814 millones de pesos a los contratistas y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a la red de sobornos de la constructora brasileña, así como a los señalados en la compra fraudulenta de las empresas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal, pero ninguna ha sido saldada.
La mayor parte de los castigos, que también incluyen inhabilitaciones, se impusieron en este Gobierno bajo el mando de la depuesta secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval. La mayoría de las sanciones se encuentran envueltas en litigios en tribunales, pero hay algunas que ya agotaron el proceso legal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha concretado el cobro de los adeudos, según documentos obtenidos por Columna Digital a través de diversas solicitudes de información.
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Entre los sancionados con multas pendientes de pago están Marco Antonio Sierra Martínez, un extrabajador de la petrolera mexicana quien, como residente de obra en Pemex Transformación Industrial para la Refinería Miguel Hidalgo, autorizó un pago extra de 119,7 millones de pesos (5,6 millones de euros) a la empresa Odebrecht. También aparecen Luis Alberto de Meneses Weill y Gleiber José de Faría, director general y titular de Finanzas del consorcio Odebrecht, respectivamente, quienes fueron sancionados con 1,2 millones de pesos durante el Gobierno de Peña Nieto.
En esta Administración la dependencia multó a Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes con dos sanciones económicas que suman 3.800 millones de pesos. “Se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos”. La sanción más alta que se ha dictado es la emitida contra José Manuel Carrera Panizzo, quien fue director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, por un monto de 4.206 millones de pesos al haber causado un daño al erario público tras la compra de la planta Agronitrogenados en 2013 por tres veces más de su valor de mercado.
