La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentará este mes una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro por genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional. “La APIB ha reunido y analizado todos los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios desde el inicio de su Gobierno y consideramos que hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación”, declara Luiz Eloy Terena. El pasado 23 de junio, una comisión internacional de 12 juristas, apoyada por la sociedad civil, recogió el delito de ecocidio, considerado un crimen contra el conjunto de la humanidad, pero especialmente contra el planeta, y pretende incorporarlo a la Corte Penal Internacional.
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Terena sostiene que el presidente brasileño ignora la Constitución de 1988, que garantiza la protección de estas comunidades y el derecho a sus territorios. “No solo hace inviable la demarcación de nuestras tierras, sino también la protección de las comunidades que viven en áreas ya garantizadas por la ley, al incentivar la presencia de grileiros [ladrones de tierras públicas], madereros y mineros ilegales”.
El especialista añade que el derecho al territorio y la política de protección del medio ambiente son aspectos fundamentales para formalizar la denuncia por ecocidio. “No se puede hablar de protección de los pueblos indígenas sin garantizar el territorio. Eso es lo que hace imposible la supervivencia física y cultural de nuestros pueblos. Y los pueblos indígenas no son los únicos sujetos de derechos, también lo son los ríos, los lagos, la fauna y la flora de nuestros territorios y, en nuestra cosmovisión, hasta los espíritus encantados que habitan estos espacios”, explica.
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La denuncia de la APIB se sumará a otra formulada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, formada por exministros de varios Gobiernos e intelectuales brasileños para velar por los derechos humanos, que presentaron ante el Tribunal de La Haya los indicios de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas cometidos por Bolsonaro. Entonces, el avance de la deforestación y los incendios en la Amazonia fueron fundamentales para el caso.
En diciembre de 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que se estaba realizando la evaluación preliminar de jurisdicción de la denuncia, convirtiéndose en el primer caso de este tipo contra un presidente brasileño que prospera en el organismo internacional y no se archiva. “El estado actual ya es histórico y no tiene precedentes. Si se abriera la investigación, sería una revolución, porque no estamos hablando de la responsabilidad del Estado, sino de la responsabilidad de determinados individuos, que pueden ser condenados por cometer estos delitos”, afirma Eloísa Machado, abogada del CADHu.
