Durante el periodo de 1964 a 1966, Sealtiel Alatriste, notable escritor y diplomático, ocupó la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No solo trascendió por impulsar la expansión de sus instalaciones hospitalarias, sino que también dejó una huella significativa en la vida cultural del país. Su trayectoria nos recuerda que, a pesar de ser un puesto político, la posición de un miembro del Gabinete debiera estar respaldada por un equipo de colaboradores competentes, capaces de convertir en realidad las visiones del titular.
En contraste con épocas pasadas, actualmente se observa una tendencia donde la lealtad supera a la eficacia en el Gabinete. Este enfoque, resumido en una “revolución de las conciencias”, plantea que solo un 10% de eficacia es suficiente, relegando el 90% a la lealtad. Esta premisa, ineficaz y preocupante, podría explicar muchos de los desafíos que enfrentamos en la administración pública.
Un foco de atención crucial es la labor que ha asumido Ernestina Godoy como Fiscal General de la República. Ella ha establecido un ambicioso objetivo: rehabilitar la imagen de la Fiscalía General de la República (FGR), trabajando para combatir la corrupción de manera efectiva. Godoy busca despolitizar la procuración de justicia, con el fin de restaurar la confianza pública en una institución a menudo vista como instrumento del espectro político. Su enfoque incluye un compromiso de tolerancia cero hacia la corrupción, además de desmantelar la percepción de que la FGR protege a sus aliados.
Por otro lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentra en una encrucijada. A pesar de las especulaciones sobre su posible abandono por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el representante comercial de la Casa Blanca, Jameson Greer, ha asegurado que las conversaciones para renovar el T-MEC comenzarán el 16 de marzo. Este diálogo se centrará, entre otros aspectos, en las desventajas que enfrentan las empresas energéticas estadounidenses frente a las preferenciales para Pemex y CFE, lo que refleja tensiones vigentes en las relaciones comerciales.
Además, se presentan desafíos internos como el alarmante número de ciudadanos en atraso con sus tarjetas de crédito, un tema que requiere atención urgente, sobre todo en un contexto donde los partidos políticos están revaluando su relevancia y fortaleza. El caso del PRI, antaño poderoso, sirve como una advertencia sobre la volatilidad del poder político.
Finalmente, es fundamental recordar que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, pero ese derecho debe estar fundamentado en hechos, como bien advirtió el filósofo chileno Humberto Maturana. A medida que navegamos en estos tiempos inciertos, el compromiso por una política honesta y transparente se vuelve más urgente. La historia y el futuro de nuestras instituciones dependen de esta constante búsqueda por la verdad y la justicia.
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