El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene en la mira la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el máximo órgano de la ciencia en Columna Digital de los últimos 52 años. El mandatario ha enviado esta semana a la Cámara de Diputados una batería de medidas que contemplan la sustitución del actual organismo por un nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y una nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Para sustentar ambas reformas, López Obrador vuelve a cargar contra las administraciones pasadas, asegurando que el Conacyt se alejó de sus directrices fundacionales de promoción a la ciencia y tecnología y, por el contrario, promovió un esquema de negocios basado en “la mercantilización de la educación y la ciencia”.
El nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías se plantea —como el actual Conacyt—, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que actuará como entidad asesora del Ejecutivo federal. Sin embargo, puertas adentro, en su reorganización interna, se dota de un mayor poder de acción a la dirección general del Consejo, en detrimento de la participación de las universidades privadas, asociaciones y organismos empresariales.
En esta iniciativa, la Junta de Gobierno de este nuevo Consejo estará integrado por los votos de las principales Secretarías federales como Hacienda, Educación, Bienestar, entre otras, y se deja a consideración de la dirección del Consejo la invitación de otras seis personas de la comunidad. En la ley vigente del Conacyt estos asientos están ocupados por los representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de dos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores y dos representantes del sector empresarial.
En el documento enviado al Pleno de San Lázaro, López Obrador afirma que a partir del Gobierno panista de Vicente Fox (2000-2006) el quehacer científico se orientó a actividades comerciales y se impusieron “criterios elitistas” y de “evaluación productivista” al interior del Sistema Nacional de Investigadores. El mandatario añade que, bajo esta lógica, los programas de posgrado públicos priorizaron las leyes del mercado y las universidades y centros de investigación funcionaron como empresas y comercializadoras de productos y servicios científicos a beneficio del sector privado.
De acuerdo con la narrativa presidencial, en esta lógica “productivista” el actual Consejo de Ciencia y Tecnología ha jugado un rol crucial. “El Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaba costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas. El Conacyt promovió un esquema de negocios basado en la mercantilización de la educación y la ciencia”, refiere El Ejecutivo por escrito.
En la exposición de motivos de la serie de reformas en el ámbito de la investigación, el presidente reprocha una vez más los recursos gestionados a través de 65 fideicomisos científicos, que fueron eliminados por decreto en noviembre de 2020. López Obrador insiste en que a través de estos instrumentos se canalizaron millones de pesos durante años que derivaron en “elefantes blancos”, proyectos de infraestructura abandonados y subutilizados. El presidente afirma que, desde su llegada al poder, el Conacyt ha reorientado su política con el enfoque de la ciencia como un derecho humano para superar el lastre del periodo neoliberal y volcar las capacidades nacionales en la materia a favor del pueblo de México. Ahora, con esta nueva batería de medidas, el Gobierno de López Obrador busca dar un viraje más contundente.
La creación de este Consejo de ciencia está bajo el amparo de otra iniciativa también enviada a la Cámara de Diputados: la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Desde 2019, como parte de las reformas, se ordenó al Congreso mexicano el emitir una nueva normativa para reconocer a nivel constitucional el derecho humano que toda persona tiene de gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. En obediencia al ordenamiento, la propuesta de ley de López Obrador insiste en que el quehacer científico debe contribuir “al fortalecimiento de la soberanía nacional” y a reducir “las desigualdades sociales”.
A lo largo de 96 artículos, el Ejecutivo plasma la narrativa que desde su llegada al poder y bajo la dirección de María Elena Álvarez-Buylla, al frente del Conacyt, ha repetido: soterrar lo que denomina la “ciencia neoliberal” para dar paso a una investigación que contribuya “al fortalecimiento de la soberanía nacional”. La iniciativa de Ley, además, llama a reconocer la diversidad de los conocimientos tradicionales y el impulso a la ciencia básica y de frontera, poniendo especial atención a la solución de problemáticas nacionales.
Sobre la dispersión de recursos, esta propuesta asegura que se protegerá el acceso universal a becas a las personas estudiantes que cursen posgrados de maestría o doctorado en ciencias y humanidades. Sin embargo, aclara que la asignación de recursos públicos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y al principio de “austeridad republicana”. Además, detalla que los apoyos económicos se otorgarán de manera directa y advierte que las dependencias y entidades se deberán abstener de crear fideicomisos.
El profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antonio Lazcano, advierte de que más allá del cambio de nombre del Conacyt, lo más preocupante de esta iniciativa son los cambios de estructura al interior del organismo que, de aprobarse relegarían la participación de las universidades y centros de investigación privadas para dotar de una mayor concentración de poder a la dirección general del Consejo Nacional de Ciencia. “A la doctora Álvarez-Bullya le asusta todo lo que diga ´privado´por eso no están las universidades privadas, no está la iniciativa privada e insiste en que los derechos de la propiedad intelectual estén representados por el Gobierno”, comenta.
Lazcano advierte de que la investigación científica actual ya atiende los problemas nacionales y tiene una visión humanista y critica que la actual directora del Conacyt lejos de proponer la integración de todas las voces en la investigación, pretenda centralizar esta política pública. “La investigación no puede ser controlada por el Estado y la investigación tiene que ser participativa y ella (Álvarez-Bullya) lo que está haciendo es abatir la participación de la comunidad en la toma de decisiones”, acusa.
La iniciativa precisa que la creación de este nuevo Consejo de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se cubrirá con el presupuesto aprobado al Conacyt así como de los Centros Públicos de Investigación. Además, el Ejecutivo afirma que la entrada en vigor de esta ley no afectará los derechos laborales de los trabajadores de ambos organismos. Esta batería de reformas ya ha sido turnada en San Lázaro a las comisiones de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen, y a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto, para que emitan una opinión.
La polémica generada a partir de esta nueva propuesta se suma a una de las tantas batallas que este Gobierno y la actual dirección del Conacyt han emprendido bajo la bandera de acabar con los privilegios de “la ciencia neoliberal” de antaño. Una cruzada que ha servido para reducir las becas para estudiantes en el extranjero, eliminar cientos de fideicomisos científicos e incluso para intentar llevar ante la justicia a una treintena de investigadores del Conacyt por supuestas transferencias millonarias de manera ilícita. La denuncia, presentada por la Fiscalía desde septiembre de 2021, en estos momentos se encuentra en un impasse, sin mayores avances, de acuerdo con lo dicho por los propios implicados.
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