Los tres meses que obligaron a Salinas Pliego a pagar a Hacienda.

La reciente decisión de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de confrontar a los grandes deudores fiscales marca un hito importante en la relación entre el gobierno y el sector empresarial, especialmente en lo que respecta a Ricardo Salinas Pliego, uno de los magnates más influyentes de México. Después de un periodo de colaboración que se inició en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, los lazos se han deteriorado notablemente, llevando a un desenlace inesperado en el ámbito fiscal.

El 15 de octubre de 2025, el Congreso aprobó una reforma legal que restringió las opciones de amparo para los deudores fiscales, una modificación que parecía señalar directamente a Salinas Pliego. Esta medida fue impulsada por el creciente descontento de Sheinbaum frente a la evasión fiscal, que obstaculizaba la financiación de sus iniciativas sociales. En un giro estratégico, la nueva normativa obligó a los evasores como Salinas Pliego a someterse a procesos fiscales rigurosos, eliminando las dilaciones que habían caracterizado sus litigios durante más de dos décadas.

En meses posteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un papel decisivo al rechazar las tácticas dilatorias del empresario. El 13 de noviembre de 2025, el tribunal falló en contra de Salinas Pliego, reafirmando sus deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se habían acumulado a lo largo de años de controversias legales. Se estima que el magnate enfrentaba una deuda que rondaba los 50,000 millones de pesos debido a recargos por retrasos que se remontaban a 17 años.

Después de una serie de derrotas judiciales y con la presión del gobierno, el SAT fijó finalmente el monto total de la deuda en 51,000 millones de pesos a finales de diciembre, dando un plazo de cinco días para que el empresario pagara voluntariamente y accediera a importantes reducciones fiscales. La primera entrega se confirmó el 27 de enero de 2026, cuando Salinas Pliego pagó 10,400 millones de pesos, comprometido a saldar el resto en 18 cuotas.

Mientras tanto, el empresario intentó internacionalizar su conflicto, denunciando al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que él describía como “persecución política”. Sin embargo, estos esfuerzos no parecían ofrecer soluciones a su complejo panorama fiscal en el ámbito nacional.

La situación ha resaltado la estrategia efectiva de la administración de Sheinbaum para abordar la evasión fiscal, lo que podría verse como una victoria no solo legal, sino también simbólica. La política ha jugado un papel crucial en este enfrentamiento, transgrediendo los límites de lo puramente fiscal para ingresar en una narrativa más amplia de responsabilidad empresarial y justicia fiscal.

A medida que el pagaré se convierte en un precio pagado a las arcas públicas, el caso de Salinas Pliego sigue siendo un recordatorio del cambio de paradigma en la relación entre el gobierno y el gran capital en México. A pesar de las tensiones, la resolución de este asunto sugiere que hay un nuevo enfoque hacia la evasión fiscal, con implicaciones significativas para el futuro económico del país.

Esta información se actualizó hasta el 30 de enero de 2026 a las 08:39:00.

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