La estrategia legal de la líder fujimorista Keiko Fujimori. Para alegar un fraude sin pruebas y retrasar la proclamación del presidente que ganó en las urnas, Pedro Castillo, sumó un nuevo capítulo este miércoles. Uno de los miembros de la máxima instancia del tribunal electoral renunció a su cargo.
Las 201 apelaciones presentadas pretenden anular votos en mesas donde ganó el maestro rural.
La segunda vuelta electoral, celebrada el 6 de junio con presencia de observadores nacionales e internacionales, ha sido calificada como transparente. “Fue un proceso electoral positivo” sin “graves irregularidades”, dijo la misión de la OEA. El Departamento de Estado de Estados Unidos comentó el lunes que las elecciones. “Fueron libres, justas, accesibles y pacíficas, y un modelo de democracia en la región”. Esta semana, además, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Sostuvo en una entrevista en la radio que “en este momento nadie puede hablar de fraude pues sería irresponsable”.
Tres días después de los comicios, con la ayuda de los principales bufetes de abogados de Lima, la candidata Fujimori. Presentó cientos de pedidos de nulidad de las mesas de votación donde ganó de forma abrumadora el exdirigente sindical de izquierda y agricultor Pedro Castillo. La primera instancia del tribunal electoral desestimó los pedidos. Al no existir falsificación de firmas de los miembros de mesa, ni suplantación de los mismos, como alegaba el fujimorismo. Los abogados de Fuerza Popular apelaron para que la segunda instancia del tribunal revise 200 de esos casos.
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Cientos de ciudadanos señalados por Fuerza Popular como suplantadores o falsificadores. Han salido en los medios de comunicación a mostrar sus certificados de miembros de mesa y han exigido disculpas por ser presentados en público como responsables de un delito. Este miércoles, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó las primeras diez apelaciones, que fueron rechazadas. Al final de la jornada, Luis Arce, miembro del tribunal, entregó una carta en la que cuestionaba la decisión de sus colegas y renunciaba del cargo.
Arce aseguró que quería evitar que sus votos en minoría convaliden lo que llamó “falsas deliberaciones constitucionales”. El magistrado, que representa al Ministerio Público en la máxima instancia del Jurado Nacional de Elecciones, fue el único que consideró que Fuerza Popular podía presentar peticiones de nulidad de mesas fuera del plazo, que venció el 9 de junio, tres días después de las elecciones.
Arce señala
En su carta, Arce señala que declina irrevocablemente pese a que, según la ley electoral, el cargo es irrenunciable mientras está en curso el proceso electoral. En Perú, el pleno del tribunal electoral es el responsable de proclamar al presidente ganador para que se produzca el cambio de mando el 28 de julio. A la espera de las deliberaciones, Pedro Castillo ganó las elecciones por más de 40.000 votos según el Organismo Nacional de Procesos electorales.
Desde hace un par de años, la fiscal general y un fiscal supremo investigan a su colega Luis Arce por enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial y por sus vínculos con los Cuellos Blancos del Puerto. La red de corrupción en el sistema de justicia cuya cabeza. El exjuez supremo César Hinostroza, intentó anular en 2018 la investigación fiscal por lavado de activos a Keiko Fujimori. Ambos expedientes pueden concluir en acusaciones constitucionales contra Arce, que quedarían en manos del Congreso que se instale el 28 de julio.
La mañana del jueves, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas. Emitió una resolución en la que suspende a Luis Arce y pide al Ministerio Público que convoque a su representante provisional para reemplazar al suspendido. La audiencia prevista para el jueves, en la que el pleno iba a revisar cuatro apelaciones, no podrá realizarse hasta que la Fiscalía responda.
La virtual vicepresidenta electa, Dina Boluarte, señaló en Twitter que ante el inminente fracaso de la anulación de actas, Arce pretende dejar sin quórum al pleno “y dilatar la proclamación de Pedro Castillo evidenciando prácticas antidemocráticas, falto de ética y contrario a la ley, que genera responsabilidad penal”.
El director ejecutivo para el continente americano de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la “declinación” de Arce como “un atentado frontal contra el Estado de derecho que pone en jaque la democracia”.
