El nombre de Alfredo Garavito tiene el efecto del terror inmediato para los colombianos. Su sola mención recuerda la historia de uno de los peores asesinos en serie que ha tenido el país. En el año 2000 fue condenado a 40 años (la pena máxima en Colombia) por el asesinato y la violación de 189 niños, de entre ocho y 16 años de edad, crímenes que cometió en menos de diez años.
Cada tanto, la posibilidad de que sea liberado de la cárcel se desliza a través de chats de whatsapp, de rumores o, como en este último caso, de una noticia en la prensa. El programa de televisión Los Informantes reveló una carta de mayo de este año en la que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le pedía a un juez que le concediese la libertad condicional a Garavito.
El entonces director de la prisión de alta seguridad donde está recluido, conocida como La Tramacúa, adjuntaba una serie de documentos para argumentar su petición. Entre ellos, una carta que indicaba que Garavito “ha observado durante su tiempo de reclusión una buena conducta”.
En el mismo programa se informaba de que el juez negó la libertad del asesino serial porque no cumplía con todos los requisitos y tampoco había pagado los perjuicios a las familias de las víctimas. Sin embargo, el escándalo- en un país que está fuertemente dividido frente a la prisión perpetua para violadores de menores- quedó servido y hasta el presidente Iván Duque se pronunció al respecto. “Quiero decir que tengo profunda indignación con esa posibilidad que alguien sugirió, que esa bestia de Garavito salga de prisión. Es un bandido, delincuente, rata apestosa que solo les ha hecho daño a los niños”, dijo el mandatario colombiano.
La cadena perpetua para violadores es una de las banderas de Duque y había sido aprobada por el Congreso en 2020. Sin embargo, hace poco más de un mes la Corte Constitucional tumbó esa ley, que había sido criticada como populismo punitivo desde varios sectores sociales.
El alto Tribunal consideró que esa medida implicaba un retroceso en la resocialización de los reclusos y en la política criminal. Además, que el Congreso se había extralimitado en sus funciones pues al aprobar la prisión perpetua afectaba directamente un eje de la Constitución de 1991 que se funda en la dignidad humana. “La proscripción de la pena de muerte y la cadena perpetua constituyeron un punto de partida de la Constitución de 1991. Son prohibiciones sustanciales a nuestro Estado social de derecho”, indicó la Corte en septiembre pasado.
Por eso el caso de Garavito tensa ese debate. El confeso asesino en serie actuó en 11 de los 32 departamentos de Colombia e incluso llevó su estela de terror a Ecuador, donde violó y asesinó a cuatro niños entre 1990 y 1999. Solía disfrazarse de indigente, monje o persona con discapacidad para acercarse a fundaciones que trabajaban con niños, la mayoría humildes y de facciones finas.
Uno de los casos más recordados ocurrió en Pereira, en el eje cafetero colombiano, donde fueron hallados los cadáveres de al menos 20 niños. Ese fue el detonante para la captura del hombre que comenzó admitiendo esos asesinatos y, al terminar el interrogatorio, ya había confesado ser el autor de 189 homicidios.
Garavito ha pagado las tres quintas partes de su condena y ha reducido cinco años por estudios o trabajo dentro de la cárcel. Sin embargo, tras el escándalo, el actual director del Inpec, Mariano Botero Coy, fue vehemente en que el asesino serial no quedará en libertad “bajo ninguna circunstancia”.
En un video difundido este lunes, Botero agregó que enviaron esa documentación como un trámite que deben cumplir como autoridades penitenciarias. Así que, por lo pronto, mientras el temido Garavito no pueda pagar la reparación a los cientos de víctimas, seguirá en La Tramacúa en Valledupar.
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