El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destituido este sábado de manera imprevista al comandante del Ejército, general Júlio Cesar de Arruda, en medio de una crisis de confianza con los militares tras el asalto a las sedes de los tres poderes el pasado día 8 en Brasilia. El militar recibió la noticia este mismo sábado, informa el diario Folha de S. Paulo. El destituido se reunió este viernes con Lula junto a los jefes de la Armada y la Aeronáutica, además del ministro de Defensa. Arruda llegó al cargo el pasado 30 de diciembre, con el relevo en la Presidencia. Como es tradición, el mandatario ascendió al más veterano de cada arma.
La persona elegida para sustituirle es el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que está al frente de la región militar del sudeste, que incluye el Estado de São Paulo. Paiva se ha hecho conocido esta semana gracias a un discurso que ha circulado en redes sociales en el que defendía con ardor que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, reclamaba el respeto a los resultados electorales, gusten o no gusten, y proclamaba que el Ejército es apolítico y apartidario.
El Ejército, al que perteneció durante décadas el anterior presidente, Jair Bolsonaro, es el colectivo más numeroso de las Fuerzas Armadas y donde más hondo ha calado el bolsonarismo durante los últimos años.
El citado diario asegura que el relevo fue decidido por el mandatario después de que en la reunión del viernes el general Arruda no demostrara disposición a tomar las medidas deseadas por Lula para reducir la desconfianza hacia los uniformados.
Bolsonaro es un capitán del Ejército, institución que abandonó por la puerta de atrás tras planear un ataque con bomba en protesta por los bajos salarios, que entró en política y fue diputado durante casi tres décadas. Durante su mandato presidencial las Fuerzas Armadas se han politizado notablemente. Llenó su consejo de ministros de generales retirados, nombró a un general en activo como titular de salud en plena pandemia y duplicó hasta más de 6.000 los uniformados en cargos civiles de la Adminsitración.
Miles de fanáticos bolsonaristas asaltaron hace 12 días las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo en el ataque más grave contra la democracia desde el fin de la dictadura (1964-1985). Tras la intentona golpista, Lula destituyó a más de 80 militares del círculo presidencial tras quejarse de que los asaltantes del palacio donde se ubica su despacho no necesitaron ni romper la puerta porque alguien les abrió desde dentro.
La destitución del jefe militar ha trascendido mientras el mandatario, que ostenta la Presidencia desde el 1 de enero, está de visita en la ciudad amazónica de Boa Vista (Estado de Roraima) para interesarse por la grave situación que sufren los indígenas yanomami, que viven en la frontera con Venezuela. Acosados por los mineros ilegales que buscan oro en sus tierras ancestrales, esta comunidad padece unos índices de malnutrición y malaria realmente alarmantes que han llevado al Ministerio de Salud a decretar una emergencia sanitaria.
La crisis de confianza de Lula con los militares viene gestándose tiempo atrás. El actual ministro de Defensa, José Múcio, es un veterano político con aversión al conflicto, según el propio Lula, que lleva tres semanas en el cargo intentando disminuir la hostilidad de los uniformados hacia el nuevo presidente. Durante los dos meses transcurridos desde las eleciones que Lula ganó por la mínima a Bolsonaro y su toma de posesión, miles de seguidores del derrotado acamparon ante cuarteles repartidos por todo Brasil reclamando a los miltares que intervenieran para cortar el paso de Lula al poder. Protestas que el entonces presidente Bolsonaro bendijo y alentó siempre que fuera pacíficas.
Aunque Lula hubiera preferido una solución dialogada antes de iniciar su mandato el 1 de enero, no fue hasta el día siguiente del asalto a Brasilia que los propios militares con apoyo de las fuerzas de seguridad desmantelaron las protestas golpistas ante los cuarteles. Buena parte de los invasores de los poderes caminó tranquilamente escoltada por la Policía Militar hasta el corazón político de Brasil que después tomaron a las bravas destruyendo los edificios, el mobiliario y obras de arte.
En primeros dos mandatos de Lula (2003-2010), hubo una especie de tregua entre el presidente y las Fuerzas Armadas gracias a que este impulsó importantes proyectos de inversión en áreas de interés de los militares. Pero esa relación se agrió con la llegada del poder de su sucesora, Dilma Rousseff, que instauró la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura.
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